El próximo 6 de marzo la Federación de Jóvenes Investigadores emprenderá una marcha en Madrid bajo el lema Investigar es invertir en futuro. En ella reclamarán "el diseño de una carrera en función de la planificación racional por etapas y la profesionalización digna de los diferentes estamentos del sistema científico". Una exigencia en el que el mismo Gobierno se encuentra trabajando en este momento.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quiere "diseñar una carrera científica atractiva basada en méritos estables y en el reconocimiento", para incluirla en la nueva Ley de Ciencia. El texto que según su previsión "pasará en dos o tres semanas al Consejo de Ministros", será "transformador".

Su propuesta consiste en crear un sistema tenure track, propio del mercado anglosajón. De esta forma los investigadores que después de cursar la carrera, el doctorado y el posdoctorado quisieran optar a un contrato fijo y con todas las garantías, bien en organismos públicos o privados, podrían concurrir con una fórmula nueva: el contrato de cinco años con opción a indefinido al tercer ejercicio y previo paso de un examen evaluado por una instancia independiente.

El cambio fundamental de esta propuesta reside en que el empleador deberá cumplirlo de manera obligatoria, e incluso, instituciones que hasta ahora no podían hacerlo, contarán con esta posibilidad.

Hasta lo que se conoce de la nueva ley, que tampoco es mucho, la norma incluiría homogeneizar las estructuras retributivas de los organismos públicos de investigación, así como las condiciones de entrada y promoción.

El PP está básicamente de acuerdo en mejorar las condiciones de los investigadores. Sin embargo, Gabriel Elorriaga, portavoz del PP en la comisión de ciencia e innovación en el Congreso, reconoce que "el asunto se está llevando en la clandestinidad".

Por este motivo, duda de que la ministra presente el texto para su aprobación al Consejo de Ministros durante las próximas semanas. "Primero debería informar a los agentes sociales, las comunidades autónomas y la comisión de secretarios y subsecretarios", añade. Tampoco tiene claro cómo se puede articular este tipo de contrato de cinco años con la legislación laboral actual. "Técnicamente, la propuesta parece estar mal resuelta", explica.

Hasta llegar a ese contrato indefinido, el investigador debería pasar por otros de formación y prácticas. Los graduados universitarios admitidos en doctorados accederían a contratos de formación con una duración máxima de cuatro años al principio.

En una segunda etapa y tras el doctorado, optarían a un contrato de prácticas de uno a tres años. Actualmente, un investigador no puede firmar este tipo de contrato si han pasado más de cuatro años desde que se doctoró. Sin embargo, esta restricción con la nueva ley se anularía. Los expertos creen que así el científico tendría menos incertidumbre y podría querer quedarse más tiempo en España para hacer su carrera.