El documento, al que ha tenido acceso CincoDías, fue registrado ayer y va dirigido a la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana.
Los inspectores, que siempre se han mostrado muy críticos con la aprobación de la amnistía fiscal, entienden que es preciso "comprobar que el origen de las rentas no procede de actividades delictivas". En caso contrario, señalan, deben "remitir la información a jueces y fiscales.
Por otra parte, a que la amnistía fiscal sólo afecta al IRPF, impuesto sobre la renta de no residentes e impuesto sobre sociedades. En este sentido, señalan que en el caso de contribuyentes con actividad empresarial resulta frecuente que "los ingresos procedan de ventas no declaradas". Así señalan que debería verificarse si los empresarios que se han acogido a la amnistía han "presentado las correspondientes declaraciones complementarias de IVA".
La organización de inspectores apunta otras casuísticas que pueden quedar impunes si no se revisan las declaraciones. Por ejemplo, apuntan la posibilidad de que los hijos de un titular con una cuenta en Suiza con varios millones de euros se hayan acogido a la amnistía para regularizar ese dinero. Tal maniobra escondería una donación encubierta para evitar el pago del impuesto sobre sucesiones. "La Agencia Tributaria tendría que comprobarlo y remitir la información a la comunidad autónoma, que es la competente para liquidar dicho impuesto". Por otra parte, también es probable que el contribuyente que haya regularizado su patrimonio estuviera obligado a presentar el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al año 2011. "Si no ha sido así, hay que citarlo y liquidar dicho impuesto", reza el documento de los inspectores. El impuesto sobre el patrimonio rige para todos aquellos contribuyentes cuya riqueza neta supere los 700.000 euros, aunque en algunas comunidades como Madrid no se aplica.
Por otra parte, los inspectores recuerdan que el Ejecutivo estableció en la amnistía fiscal un gravamen del 10%, aunque posteriormente, la Dirección General de Tributos interpretó que ese tipo sólo se aplicaba para los ejercicios no prescritos. Precisamente por ello, la recaudación de la amnistía fiscal ascendió a 1.200 millones y, en cambio, Hacienda cifra en 40.000 millones la renta oculta aflorada. Para los inspectores, "en una actuación normal y habitual de la Agencia Tributaria tendría que comprobarse que esa parte importan de bases imponibles declaradas, y que no se han reflejado en cuotas tributarias ingresadas, corresponden realmente a ejercicios prescritos".
Todas estas consideraciones se incluyen en la carta remitida a Viana y reflejan la tensión que, en las últimas semanas, se ha vivido dentro de la Agencia Tributaria. Fuentes de Hacienda aseguran que el plan de control tributario marca líneas generales de la política de la Agencia Tributaria y no puede incluir una referencia a la comprobación de las declaraciones de la amnistía. Los inspectores, por su parte, recuerdan que la normativa dispone que cada Administración "elaborará un plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales".
