El proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, en trámite parlamentario, recoge que para abrir un comercio no sea necesario esperar a la licencia de actividad y el visto bueno de los técnicos municipales, sino que sea suficiente con una declaración responsable por parte del promotor de que cumple la ley y está en posesión de la documentación exigible. Con esto se quiere reducir el tiempo de apertura de 18 meses a 15 días para pequeños negocios.
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), que agrupa a 90.000 colegiados, intenta hacer ver a la Secretaría de Estado de Comercio y a los grupos parlamentarios la importancia del informe previo de un técnico colegiado (no necesariamente ingeniero), con atribuciones profesionales y un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de tres millones. Se dotaría así "de seguridad a los posibles emprendedores y se evitarían situaciones desagradables a posteriori y que difícilmente pueden tener solución".
Además de la documentación, justificantes de pago de tasas y autorizaciones que se exigirán con carácter previo a la apertura, los ingenieros plantean que se añada una memoria, planos y certificado del técnico con fotografías significativas de la actividad. El experto asumiría así la labor de certificación de que el local cumple la normativa, por lo que tendría que inspeccionar la instalación y realizar comprobaciones. El Cogiti ha enviado estas propuestas a la Secretaría de Estado de Comercio y lo harán en breve a los grupos parlamentarios. El plazo de enmiendas al proyecto de ley acaba el 1 de septiembre.
Equilibrio entre agilidad y seguridad
España ha cumplido con creces las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto a agilización de trámites para el inicio de una actividad económica. Pero solo en parte. Se ha avanzado mucho en la constitución de la sociedad y es posible hacerlo en 24 horas a través de la notaría y el registro, cuya tramitación es telemática. Pero de nada sirve acelerar en una parte del proceso si otro -la concesión de licencias de actividad, por no hablar de la financiación- se demora 18 meses. Este es el flanco débil que el Gobierno pretende atacar ahora para que decisiones que implican empleo e inversión no se posterguen.
Los ingenieros técnicos industriales quieren influir en la tramitación parlamentaria "para que no se deje todo en manos del propietario del negocio, sino que haya el aval de un técnico". Este profesional daría fe de que lo que se incluye en la declaración responsable es veraz. Los expertos coinciden en que no hay soluciones mágicas, sino que es necesario alcanzar un equilibrio entre la agilización administrativa y la seguridad. Abogan por un régimen sancionador frente a malas prácticas.
