Los próximos años abrirán una nueva era en telecomunicaciones. Las viejas redes quedan atrás, después de sacar de ellas todo lo que la tecnología ha permitido -y ha sido mucho- y se impone un nuevo modelo que llevará o debería llevar a los hogares accesos de fibra, capaces de transportar datos, información y servicios en cantidades y a velocidades supersónicas.

Las inversiones necesarias para hacer realidad este reto son millonarias y dependerán de la iniciativa privada, pero el Gobierno y las instituciones se juegan mucho en este cambio tecnológico, que supone la oportunidad de España de dar un salto en la clasificación y ponerse a la altura de los países líderes. Y, precisamente por esta importancia, el Ejecutivo debe mantenerse al margen, salvo para luchar contra la brecha territorial, garantizar que nadie se quede fuera del acceso a la tecnología y promover la independencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Las telecos son un sector regulado y todavía quedan años para que deje de serlo y lo tutele exclusivamente la normativa de competencia. Hasta entonces, la CMT tiene un papel capaz de determinar con sus decisiones hacia dónde se orienta el futuro. El regulador ha tomado una decisión arriesgada: relajar las obligaciones de Telefónica ante el despliegue de su red de nueva generación. Lo ha hecho para fomentar la competencia y obligar a que otras compañías entren en el juego del desarrollo de infraestructuras que compitan de igual a igual con las del ex monopolio. Pero es una apuesta y la CMT necesita de toda su credibilidad para ganarla, porque corre el riesgo de retraer a los rivales ante el temor a decisiones arbitrarias que les dejen sin posibilidad de competir. Sólo un aura de independencia será capaz de conjurar este temor en los temas vitales y un funcionamiento ágil para interceptar los abusos del día a día en el momento en que se producen puede sembrar el camino que permite la necesaria coexistencia de grandes, medianos y pequeños.