Cuando en el ecuador de una nueva jornada de huelga general lo más elogiado por los principales sindicatos convocantes es la gran participación ciudadana, "a pesar de las duras circunstancias por las que atraviesa el país", y lo más valorado por los portavoces del Gobierno es la ausencia de incidentes de gravedad es que todo transcurrió según lo previsto.
Y eso que los días previos a la octava huelga general de la democracia habían estado marcados, curiosamente, por la ausencia de información sobre esta nueva protesta. En esto quizás tuvo algo que ver que la jornada de paros convocada por UGT y CC OO llegó justo cuando la presión sobre la prima de riesgo volvía a arreciar por las dudas que continúa generando Grecia y, en clave doméstica, por la negociación iniciada por el Gobierno y el PSOE para poner en marcha medidas que frenen el drama de los desahucios.
Al margen de estos dos asuntos, la guerra de cifras fue casi idéntica a la registrada en el paro del 29 de marzo. El seguimiento medio de la huelga general se situó en el entorno del 76% de los asalariados del sector público y privado, un total de 9,1 millones de los 11,9 millones de trabajadores llamados al paro una vez descontados los servicios mínimos, según CC OO, UGT y USO.
Y aunque estos datos suponían un descenso del 12% respecto a las cifras de seguimiento de la huelga aportadas el 29-M, fuentes sindicales calificaron de "rotundo éxito" que pararan más de nueve millones de asalariados en un país con más de cinco millones de parados y atribuyeron esa caída de participación precisamente en el descenso del número de ocupados.
Las cifras desagregadas por sectores confirmaron una vez más que las actividades en las que menos se secundó el paro dentro del sector privado fueron las del sistema financiero (41%), las comunicaciones (55%), el comercio (68%) y la hostelería (68%), frente al paro prácticamente total, de hasta el 95%, en la agricultura, ganadería y pesca o la industria, la energía y la construcción. En mitad de estas horquillas, se situaron los servicios postales (85%), las actividades inmobiliarias, administrativas, de limpieza y seguridad (80%) o las artísticas y el servicio doméstico (79%). Por otro lado, el seguimiento en la Administración fue del 66%, con especial incidencia en la administración local (75%) y la educación (75%), incluidos los centros privados.
Ira contra los bancos y los recortes
En el caso de la Administración central, el paro fue seguido por el 52% de los trabajadores, con menor intensidad que en la sanidad y los servicios sociales (56%) y la administración autonómica (62%). Por comunidades autónomas, los trabajadores de Cataluña, Asturias y Galicia, fueron los que más participaron en esta jornada de huelga general, con un seguimiento medio del 85% de los asalariados.
La patronal, por su parte, mantuvo el discurso defendido en las últimas semanas, desde que se hizo oficial esta huelga general (la segunda en menos de un año) algo que no había ocurrido nunca antes en la historia reciente de España.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, advirtió que el paro supone "un torpedo contra la recuperación". Además, tras calificar la movilización de "política", argumentó que lo que no se puede "hacer es gritar todos los días, crispar, porque eso no nos lleva a ninguna parte". Por ello, reclamó a los sindicatos que "no utilicen" el recurso de la huelga general "cada dos por tres" a partir de ahora.
Y el Gobierno, entretanto, multiplicó las apariciones de distintos responsables del Gabinete porque una novedad que sí registró esta huelga frente a la anterior contra las políticas de Mariano Rajoy es el apoyo y la llamada a la movilización hecha por el PSOE.
Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba exigió al Ejecutivo que "cambie su política económica para no dejar a mucha gente en la cuneta". El titular de Economía, Luis de Guindos replicó que la hoja de ruta emprendida (en alusión a los ajustes) "es la única alternativa posible".
Que hubiese tantas alusiones a la crispación no es baladí, ya que si algo ha cambiado entre la jornada de huelga de marzo pasado y la de ayer es el nivel de oposición a las últimas medidas implantadas por el Ejecutivo. De marzo a ahora se han anunciado nuevos ajustes en materias tan sensibles como son la sanidad y la educación, se ha subido el IVA y se ha decretado la suspensión de la paga extra de Navidad a todos los empleados públicos. Por ello, ayer fue un día que determinados colectivos, como el personal sanitario, aprovecharon para reivindicar un sistema público de sanidad universal y gratuito.
Otro de los focos que concentró la ira de los manifestantes y de quienes decidieron secundar el paro fue el plan de ayudas puesto en marcha para rescatar a los bancos con problemas. Muchas sucursales amanecieron con los tradicionales sabotajes a sus cajeros automáticos y, como novedad, muchas pintadas alusivas a su falta de sensibilidad con quienes no pueden hacer frente a sus hipotecas mientras reciben dinero público para sanear sus cuentas.
Todo lo demás fue prácticamente calcado a lo ocurrido siete meses antes: paro masivo en la industria, transporte a medio gas y comercio dividido. Más de un centenar de detenidos y 40 heridos en los incidentes. Demasiadas similitudes y, otra vez, pocos avances.
