La economista de HSBC Madhur Jha es implacable. Un informe suyo publicado el pasado 12 de septiembre es demoledor para el Gobierno de Mariano Rajoy, para sus reformas y en definitiva para España. "Existe una riesgo real de una rebelión civil en un país donde una de cada cuatro personas está desempleada", sentencia.
La varita mágica para evitar una escalada galopante de la tasa de paro en los próximos meses desde el 24,6% actual que señala la Encueta de Población Activa (EPA) vuelve a ser un mantra conocido: flexibilidad y más flexibilidad. En el peor escenario, la experta del banco británico ve la tasa de paro en el 31,3% a finales de 2013. Y si las cosas no van tan rematadamente mal, el porcentaje seguiría escalando posiciones hasta el entorno de solo (la cursiva no es casual) el 28%.
El Gobierno ha eliminado el denominado "despido exprés" a 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades. Ahora, las empresas deberán justificar siempre las rescisiones de los contratos, ya sea a través de despidos objetivos o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Eso sí, estas fórmulas son mucho más fáciles, rápidas y baratas de utilizar que antes de la modificación.
Fátima Báñez, la ministra de Empleo, ha asegurado constantemente que la reforma laboral permite a las compañías tomar medidas unilateralmente para proteger el empleo, como rebajas salariales o ERE temporales. Pero algunos economistas y casas de análisis consideran que estas medidas son insuficientes, puesto que se sitúan al mismo nivel de implantación que las de eliminación permanente de puestos de trabajo.
"Se puede hacer mucho más para mejorar la flexibilidad, especialmente en cuanto a descentralizar las negociaciones salariales para concentrarlas en el ámbito exclusivo de cada empresa [frente a los convenios sectoriales] y respecto a la vinculación de los sueldos a la evolución de la inflación", explica Madhur Jah. El economista considera que la oposición de los sindicatos puede poner en riesgo la flexibilización ya conseguida y también eventuales mejoras en esta línea.
Empleo público
Los funcionarios en España gozan de un estatus particular, el de la función pública, que impide, en la práctica, que puedan ser despedidos. Pero el economista de HSBC considera que el sector público será forzosamente el próximo en adelgazar: "Los objetivos de reducción del déficit público para el presente ejercicio no podrán alcanzarse solo a través de la retahíla de subidas de impuestos ya realizada [IRPF, IVA, especiales, al sector eléctrico, entre muchos otros aumentos]".
HSBC apunta a la plantilla pública que puede ser despedida, los interinos, como una solución para ahorrar dinero de manera permanente. Pero en función de cómo se efectúe ese ajuste la tasa de paro puede llegar a niveles realmente insoportables. En caso de aplicar la misma destrucción de empleo al sector público que al privado, se verían afectadas cerca de 600.000 personas, que sumadas a las que perderán su empleo en el sector privado, elevarían el número de parados en 1,5 millones a finales de 2013.
El escenario más optimista de HSBC tampoco salvaría a España de una preocupante escalada en la tasa de paro. Si la destrucción de empleo privado se reduce hasta los niveles más bajos desde que comenzó la crisis y se produjera solo el despido de los empleados públicos con contratos inferiores a dos años de duración (unos 360.000, de acuerdo a los cálculos de HSBC, en lugar de los 600.000 que incluiría también a los que gozan de contrato para más de dos años) dejaría una tasa de paro del 27,9% a finales de 2013.
