El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, presentó el pasado lunes a las comunidades autónomas una propuesta para liberalizar los horarios comerciales, en la que se establece un mínimo de 10 festivos al año en los que los establecimientos tendrán que abrir, amplía de 72 a 90 el mínimo de horas de apertura en jornadas laborales e impone a 11 municipios que delimiten en menos de seis meses zonas de gran afluencia turística, donde habrá libertad de horarios. Un modelo muy similar al desarrollado por Esperanza Aguirre en Madrid y que ha contado con el rechazo de Cataluña, País Vasco o Andalucía.
Todo lo contrario que el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, quien lo valora muy positivamente. "Es la primera vez que para definir el calendario de aperturas en festivos, las zonas de gran afluencia turística o la jornada semanal se aportan criterios objetivos que están basados en las necesidades de los consumidores", recalca. Esta asociación engloba a 17 establecimientos (el más representativo es Mercadona), que facturan más de 40.000 millones de euros y emplean a 220.000 trabajadores.
¿Qué valoración hace de la reforma presentada?
Hasta hoy, el debate se había centrado exclusivamente en el número de festivos autorizados y se veía como una forma de modernizar el comercio o de afectar a la competencia. Creo que no se debe hablar de días festivos, sino de criterios objetivos para fijar el número de aperturas en esas fechas.
Eso es lo que trata de hacer la propuesta del Ejecutivo cuando dice que el calendario tendrá que tener en cuenta que no puede haber dos festivos consecutivos (abre la puerta a que las comunidades puedan evitar esa situación). Nos parece un criterio objetivo y muy difícil de discutir, porque cuando hay dos festividades seguidas afectan negativamente al consumidor, ya que le impiden realizar con normalidad sus compras.
También es la primera vez que se fija que los calendarios de aperturas en festivos deben atender a periodos de gran actividad comercial, como las rebajas o las Navidades, o a las épocas de mayor afluencia turística, lo que nos parece lógico. Que el calendario de festivos, sea cual sea el mínimo de días que se abra, se haga con esos criterios supone un avance porque evita la confrontación entre formatos y pone en el centro del foco al consumidor. El principal avance, sin embargo, es que todas las comunidades lo tengan que aplicar y nos parece difícil no estar de acuerdo. Los horarios comerciales deben adaptarse al consumidor.
¿Echa de menos algo en el desarrollo de esa norma?
Echamos de menos que se haga coincidir con una reforma del calendario laboral. Pero esa modificación, propuesta por CEOE, no solo afecta al Ministerio de Economía, sino que implica a otros departamentos. Nos consta que se está trabajando en ella y nos gustaría que ambas coincidieran. Si eso se produce, habremos dado un salto muy importante para mejorar la competitividad del país. La industria lleva años intentando pactar en convenios colectivos que no haya fiestas entre semana porque apagar un horno y volverlo a encender tiene un coste desproporcionado. Si se hiciera coincidir la posibilidad de que no haya dos festivos seguidos sin abrir y se reformara el calendario laboral, las empresas obtendrían una ganancia muy importante de competitividad.
Algunas comunidades han expresado su rechazo a la propuesta, en la medida que invade competencias autonómicas. ¿Cree que es así?
La ley nunca va a poder obligar a abrir a nadie. El comerciante sigue teniendo libertad para adaptarse a las necesidades de los consumidores. Lo que hace el Estado es dar criterios como norma básica, que luego las comunidades tienen que aplicar y desarrollar. El Estado ha dado un paso más y da criterios comunes para que los adapten. La ley está francamente bien hecha, habla de unos criterios que se han de cumplir.
¿Sabe si la norma se va a tramitar como decreto ley o como proyecto para que pueda recoger enmiendas?
No, no lo sabemos. Se puede tramitar en cualquiera de las dos modalidades.
"Si se sube el IVA, hay que bajar las cotizaciones"
El agravamiento de la crisis va a obligar al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales para lograr reducir el déficit al 5,3% pactado con Bruselas. Una de las que suena con más fuerza es el incremento del IVA, cuyos tipos superreducido y reducido sufrirían un incremento. En ese grupo están situados los alimentos elaborados y frescos, cuyos precios se incrementarían.
Ante esta posibilidad, García Magarzo considera que si lo que se quiere evitar es una pérdida de competitividad de la empresas, esa subida del IVA debería ir acompañada de una rebaja de las cotizaciones sociales. "El sector ha hecho un esfuerzo de contención de precios rebajando los costes. Lanzar el mensaje de que ese esfuerzo se aprovecha para incrementar los precios no es fácil de comprender, pero nos superan las razones de consolidación fiscal, que son la prioridad del Gobierno", subraya.
Lo que sí pide el director general de Asedas es que los dirigentes del PP no cometan el mismo error que los socialistas cuando decidieron elevar el IVA en 2010. "No nos gustó que hasta dos responsables del Gobierno afirmaran que la subida del IVA no se iba a notar en los precios porque las empresas lo iban a absorber contra los márgenes".
Cree que la distribución ya ha hecho los deberes, con una fuerte contención de los costes. "Debemos hacer un mayor esfuerzo por salir de la crisis, aunque la caída de precios se debe en exclusiva al ajuste de los factores productivos, como las compras a proveedores, el gasto en energía o los costes laborales", señala.
