El objetivo era liberar a la banca de su pecado original, la pesada carga de ladrillo heredada del boom inmobiliario, para devolver al sector la confianza de los mercados y, a medio plazo, facilitar la vuelta del crédito a la economía real.
Esta voluntad se plasmó inicialmente en un decreto ley aprobado en febrero, que básicamente multiplicaba las provisiones que se exigen a la banca por su carga inmobiliaria. La gravedad de la situación, y el persistente descrédito que pesaba sobre el sector, hizo que la norma quedara superada pronto por los acontecimientos. Al Guindos I, como fue bautizado el decreto en círculos financieros en honor al apellido del flamante ministro de Economía, le siguió en mayo el conocido como Guindos II. La medida supuso una nueva vuelta de tuerca a los saneamientos exigidos a la banca, penalizando especialmente los créditos a promotores, que elevó en 28.000 millones los 50.000 millones ya impuestos en el primer decreto. Aunque el Gobierno aseveró que esta sí era la "reforma definitiva" que esperaba el sector, lo cierto es que Bankia se quedó por el camino y Rajoy acabó claudicando a las presiones internacionales solicitando un rescate para la banca española que dio un giro copernicano a las reglas del juego.
El memorando de entendimiento (Mou), las condiciones impuestas por la troika a cambio del rescate, se convirtieron en la nueva hoja de ruta del sector financiero. La carrera de obstáculos bancaria incluyó entonces una auditoría del sector, seguida de un test de estrés que, finalmente, se ha traducido en severos planes de reestructuración para buena parte del sector y en la petición de algo más de 40.000 millones de euros al mecanismo de rescate europeo para ayudar a las entidades más débiles. En paralelo, se ha celebrado un complejo baile de fusiones y rupturas, y se ha creado un nuevo marco de actuación que establece los tiempos para intervenir, reestructurar o, en el peor de los casos, liquidar a entidades con problemas.
Otra de las soluciones impuestas por Bruselas al sector ha sido la creación de un banco malo que libere a las entidades en apuros de su carga tóxica. La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ultima estos días la absorción de 44.000 millones de euros en activos adjudicados y créditos inmobiliarios de la banca nacionalizada, que pasarán a ser 55.000 millones en febrero, cuando se traspase la carga del resto de entidades que esperan recibir ayudas.
Será en el nuevo año que comienza, por tanto, cuando Sareb inicie su andadura, las entidades con ayudas ejecuten sus planes de ajuste y el conjunto del sector intente volver a levantar cabeza tras la penitencia inmobiliaria. En palabras del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se han movido todas las palancas necesarias para que la banca "pase de ser un obstáculo para la recuperación económica, a ser uno de los principales apoyos para lograrla". Solo el devenir del sector en 2013 indicará si el juego de palancas elegido ha sido el más adecuado.
