Cuando el pasado martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Gobierno haría "uso este año de herramientas fiscales equitativas" se refería, entre otras medidas, a limitar los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas. Y, especialmente, los grupos consolidados, que tienen la capacidad para reducir a la mitad su factura fiscal a través de bonificaciones. En 2010, último año del que hay datos, la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades de los 3.000 grupos consolidados que tributan en España ascendió a 12.146 millones, una cifra que, tras aplicar las deducciones que contempla la legislación, se redujo a 6.100 millones.
Se trata de un viejo problema. El impuesto sobre sociedades es, sobre el papel, un impuesto progresivo en el que las pymes tributan al 25% y las grandes empresas al 30%. Sin embargo, la multitud de deducciones y la capacidad de ingeniería fiscal de las grandes compañías provoca que, en realidad, una pyme aplique un gravamen mayor que una multinacional.
Por ejemplo, una empresa con unos ingresos que no superan los 50.000 euros tributa a un tipo efectivo del 22,9%, mientras que un grupo consolidado -con ingresos superiores a los 1.000 millones- aplica un gravamen del 15%. De hecho, una multinacional paga como un asalariado medio en el IRPF.
Fuentes internas de la Agencia Tributaria aseguran que las empresas que cotizan en Bolsa tributan todavía a tipos menores. "Pagan lo que quieren", aseguran. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha reconocido "que se abusa de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades". Sin embargo, esperará a que la situación económica mejore para abordar un reforma en profundidad del tributo. En cualquier caso, que existe un problema es evidente. En este sentido, el Plan de Control Tributario para este año indica que la inspección "prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos".
Los informes que hasta ahora ha manejado el Ministerio de Hacienda contemplan "limpiar" de deducciones y beneficios fiscales el impuesto a cambio de reducir el tipo nominal, que en España asciende al 30%, uno de los más altos de la UE. Hacienda, de momento, descarta una rebaja de los gravámenes nominales.
Prioridad en el recorte del gasto
El impuesto sobre sociedades es, con diferencia, el tributo que peor evolución registra desde que estalló la crisis. En 2007, el Estado recaudaba 44.823 millones por el impuesto que grava los beneficios empresariales una cifra que se ha reducido hasta los 16.611 millones. Es decir, ha caído un 62% en cuatro años. Con todo, la recaudación de este tributo registró en 2011 un ligero incremento del 2,5% anual, una dato que resulta engañoso. El aumento se explica por el incremento de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Esta medida que adoptó a la desesperada el anterior Gobierno en agosto para cumplir con la reducción del déficit y que afectó a empresas que facturan más de 20 millones, permitió ingresar 2.000 millones adicionales. Sin ese importe, la recaudación del impuesto sobre sociedades habría caído un 10%.
Si bien Hacienda estudia medidas que permitan elevar los ingresos en el impuesto sobre sociedades, es consciente de que la capacidad recaudatoria de este tributo en un entorno de recesión es muy limitada. En este sentido, Montoro mantiene que los Presupuestos para el ejercicio en curso que se presentarán el próximo 30 de marzo incluirán medidas más drásticas por el lado del gasto que por el de los ingresos. En cualquier caso, cada vez gana más fuerza la posibilidad de elevar los impuestos especiales.
