El pasado 1 de octubre 1.260 liberados sindicales de la Administración General del Estado y más de 1.500 de las administraciones autonómicas tuvieron que reincorporarse a sus puestos de trabajo y abandonar sus tareas de representación, como efecto de los recortes decretados en julio por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Esta reincorporación supuso la primera fase de un recorte total de 6.000 liberados sindicales del sector público. En concreto, los planes del Gobierno es que sólo en la Administración General del Estado se pase de poco más de 3.000 a algo más de 1.000 liberados.
Así, tras la citada reincorporación de primeros de octubre, las cúpulas de las federaciones de servicios públicos de los sindicatos de la función pública se pusieron a negociar con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas cuál sería el recorte concreto y final del número de delegados en la Administración General del Estado.
Tras varias reuniones que terminaron en desacuerdo, el pasado lunes, 29 de octubre, las partes llegaron a un acuerdo que, en palabras de los dirigentes de CC OO, "trata de minimizar" los recortes de julio. Fuentes sindicales explicaron que este acuerdo final "mejoraba en algo" la propuesta inicial de Administraciones Públicas que ofrecía mantener sólo al 30% de los liberados. Así esta mejora en el caso de la Administración General ha supuesto pasar de mantener unos 900 liberados a menos de 1.400, según estas mismas fuentes.
Esta circunstancia y otro acuerdo firmado el 25 de octubre entre CC OO, UGT, CSI-F, USO y CIG y la secretaría de Estado de Administraciones Públicas para abrir varias mesas de negociación ha llevado a la ruptura de la unidad sindical en el sector ante la próxima huelga general ya convocada para el próximo 14 de noviembre.
Así, el sindicato mayoritario de funcionarios, CSI-F se ha desmarcado oficialmente de esta convocatoria de huelga, lo que ha sido interpretado desde el resto de sindicatos como "el pago por haber mejorado algo el número de liberados que se mantendrán; así como otras promesas para las mesas de negociación".
Desde CSI-F se niega esta acusación y reprochan que el resto de sindicatos critiquen la actitud de la central de funcionarios pero luego también firmen el acuerdo y se beneficien de la aminoración del recorte de liberados.
En cualquier caso, con esta operación que ha supuesto el descuelgue del CSI-F, Hacienda ha conseguido frenar en parte la adhesión de más de dos millones de funcionarios a la huelga. Así, a pesar de que los recortes -sobre todo la supresión de la paga de Navidad- en todo el sector público supondrán un claro acicate para el paro, de todos es sabido que la desunión sindical siempre favorece la desmovilización.
