El Gobierno ha iniciado hoy el régimen sancionador contra ocho comunidades autónomas que se están desviando o incumpliendo las previsiones contempladas en sus respectivos planes económico-financieros, y de las que no ha trascendido la identidad. De estas, tres han sido advertidas por no haber presentado suficiente información y las cinco restantes, por incumplir en algún grado los planes económicos y financieros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado una advertencia y obligará a tomar medidas de ajuste de forma inmediata. De hecho, las cinco comunidades incumplidoras serán llamadas pronto para obligarlas a que adopten soluciones urgentes. En caso de que las comunidades afectadas no respondan al requerimiento de Hacienda, el Gobierno tiene capacidad para obligarlas comunidades a constituir un depósito equivalente al 0,2% del PIB en el Banco de España y, en última instancia, el proceso puede derivar en la intervención directa.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra esta tarde está siendo más tenso que el anterior. Además de las exigencias de Hacienda para que se adopten más medidas de ajuste, el Gobierno endurecerá la senda de consolidación fiscal. Para este año, el objetivo de déficit autonómico continúa siendo del 1,5%. Ello significa que el mayor plazo ofrecido por Bruselas para rebajar los números rojos al 3% no se trasladará a las comunidades. Para los años siguientes, las regiones deberán cerrar 2013 con un déficit del 0,7% en lugar del 1,1% vigente. En 2014, los números rojos no podrán superar el 0,1% del PIB y, en 2015, se exigirá un superávit del 0,2%.
Las comunidades están protestando por esta decisión, sin embargo, la postura de Hacienda es firme y argumenta que el Programa de Estabilidad remitido en abril en Bruselas contemplaba que las regiones rebajaran su déficit hasta el 0,5% el próximo año, cifra que ahora se suaviza hasta el 0,7%. Los Ejecutivos autonómicos rechazan ese argumento y señalan que los datos incluidos en el Programa de Estabilidad no eran "oficiales" porque nunca se aprobaron en el Consejo de Política Fiscal.
Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias han rechazado la senda de consolidación fiscal y dos regiones gobernadas por el PP, Extremadura y Castilla y León, se abstienen. Otras comunidades como Madrid se mostraron críticas con las exigencias de Hacienda pero han votado a favor. En cualquier caso, todas las comunidades tienen la obligación de cerrar este año con un déficit del 1,5% y del 0,7% el siguiente, con independencia del sentido de su voto.
