Sin ofrecer nombres -la ley lo prohíbe expresamente-, Beatriz Viana aseguró que la Agencia Tributaria está colaborando con los órganos judiciales y apuntó que las declaraciones de algunos contribuyentes que se acogieron a la amnistía que aprobó el Gobierno en marzo ya se han remitido a la Fiscalía. Este es el proceso que sigue Hacienda cuando detecta indicios de delitos.
En declaraciones a la prensa tras clausurar una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PWC, Viana aseguró que la Agencia Tributaria colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Las palabras de Viana contrastan con la opinión de los inspectores de Hacienda, que denunciaron que no tenían acceso a las declaraciones de la amnistía y que no se estaba comprobando la procedencia del dinero regularizado.
Viana no entró a valorar el caso específico de Luis Bárcenas. El extesorero del PP aportó pruebas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la semana pasada para demostrar que se había acogido a la amnistía fiscal a través de la empresa Tesedul. Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, regularizó unos once millones de euros.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que también asistió a las jornadas sobre fiscalidad, señaló sobre el caso Bárcenas que "la declaración tributaria especial solo sirve al sujeto pasivo, a la empresa en este caso, que la presenta, a sus socios o administradores no les sirve de nada", y ni les "ayuda" ni les "perjudica" sino que es "absolutamente indiferente para su situación tributaria.
Hacienda está intentando demostrar que Bárcenas no pudo beneficiarse de la amnistía fiscal. En este sentido, recuerdan que el proceso de regularización especial amparaba el fraude o delito fiscal, pero no sirve en aquellos supuestos en que el dinero aflorado procediera de una actividad ilegal. Por otra parte, Ferre no quiso desvelar si Bárcenas tenía un procedimiento de inspección abierto cuando se acogió a la amnistía fiscal, hecho que invalidaría su declaración.
Viana adelantó que la recaudación tributaria por lucha contra el fraude fiscal aumentó notablemente en 2012, aunque rehusó dar el dato definitivo, que la Agencia Tributaria presentará previsiblemente a lo largo de este mes. En 2011, los ingresos alcanzaron los 10.000 millones de euros y, hasta septiembre de este año, la medidas contra el fraude fiscal permitieron ingresar 8.493 millones hasta septiembre. Ferre, por su parte, recordó que el Estado cumplió en 2012 la previsión de ingresos tributarios después de que la recaudación aumentara un 4,2%.
Respecto a la nueva ley contra el fraude fiscal, el secretario de Estado de Hacienda aseguró que la obligación de declarar los bienes en el extranjero "contribuirá a recaudar más". Todos los contribuyentes que tengan cuentas, acciones o inmuebles en el extranjero que superen los 50.000 euros deben presentar una declaración informativa. El plazo termina el próximo 30 de abril. Además, y eso es lo fundamental, incumplir esa normativa supondrá la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, un cambio que ha levantado recelo entre los altos patrimonios y que los asesores fiscales consideran excesivo. La renta no declarada se imputará como ganancia patrimonial, lo que supone que tributará al marginal de IRPF, que se sitúa entre el 52% y el 56%.
La gran empresa no descarta nuevas subidas tributarias
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, anunció la semana pasada que no se esperaban nuevas subidas fiscales en los grandes impuestos (IRPF, IVA y Sociedades). Sin embargo, los expertos tributarios se muestran más recelosos. El director fiscal del BBVA, José María Vallejo, recordó que buena parte del incremento de recaudación en el impuesto sobres sociedades se explica por el aumento de los pagos fraccionados. Esta medida permitió elevar los ingresos en 2012, sin embargo, en 2013, supondrá menos recaudación en la medida en que los pagos fraccionados suponen un adelanto de la declaración anual. En este contexto, Vallejo puso en duda de que el Gobierno pueda recaudar los 19.012 millones presupuestados este año por el impuesto sobre sociedades sin aplicar nuevos aumentos impositivos. "Estamos en un política fiscal de guerra", concluyó Vallejo.
Jaume Menéndez, director fiscal de Gas Natural, señaló que algunas cambios tributarios como suprimir la reducción del 40% en el caso de indemnizaciones millonarias supone una medida "de escaparate" con escaso efecto recaudatorio. Y si bien se mostró favorable a favorecer el ahorro a largo plazo, criticó que las plusvalías obtenidas en menos de un año tributen al marginal (52% o 56% como máximo) y las logradas en un año y un día apliquen el tipo del ahorro (un 27% como máximo). En su opinión, debería evitarse un salto tan drástico.
