La razón es que en el decreto antidéficit del 13 de julio, en el que se suprimió la paga extra de diciembre de los funcionarios, no se introdujo ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.
Así, se mantendrá lo presupuestado en las cuentas anuales del Estado para 2012, aprobadas el 29 de junio, dos semanas antes del decreto, en cuyos cálculos se incluye el descuento en la nómina correspondiente a la paga extra de Navidad.
Los afectados por esta doble imposición son los funcionarios que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios
Desde el sindicato que dirige Miguel Borra, se asegura que por el efecto de esta doble imposición los funcionarios que cotizan por clases pasivas "cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre".
Por esta razón, desde CSI-F ya se ha trasladado la queja al Ministerio de Hacienda para que reconsidere esta doble imposición, pero que el Gobierno no lo contempla. Además, el sindicato avisa de que la cotización del mes de diciembre de 2012 no va a tener reflejo en la futura pensión de jubilación de estos funcionarios.
Por otro lado, CSI-F también ha alegado ante Hacienda que en relación con la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debe tenerse en cuenta que hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto antidéficit, todos los empleados públicos han devengado el derecho a percibir la paga extra en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012.
"En consecuencia, debe abonarse la parte correspondiente a la paga extraordinaria hasta esa fecha 15 de julio", solicitan, más aún cuando, según aseguran, "este criterio se ha seguido con aquellos empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que se les ha abonado la parte proporcional de la paga correspondiente".
En la misma dirección, la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.
Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a compensar más adelante la paga extra detraída en 2012, pero aún no fijado una fecha. Por otro lado, los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les trasladó hace aproximadamente un mes este el Gobierno a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas.
