'Andamos muy apurados de tiempo'. Con esta frase reconoció ayer Eduardo Amerigó, jefe de Estudios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Agencia Tributaria), la situación de la reforma contable que, en principio tiene previsto que entre en vigor en enero de 2008.

El proyecto de ley de adaptación a las nuevas normas internacionales de contabilidad se encuentra en el Senado. Debe regresar al Congreso para su aprobación definitiva en las Cortes. Sólo cumplido este requisito se podrá aprobar el nuevo Plan General Contable (en fase de borrador) que desarrolla los cambios legales. El problema estriba en que este texto (el nuevo plan contable) será tramitado también en el Congreso, en forma de decreto, para su convalidación.

Aunque esta forma es más rápida que la de proyecto de ley, necesitaría que llegara con tiempo suficiente, nada más acabar el verano. El periodo vacacional del Congreso se interpone. Cualquier retraso de última hora provocaría que el plan no se aprobara hasta febrero o marzo, lo cual no tiene mucho sentido. 'Hacienda no va a dividir un ejercicio fiscal (2008) en dos partes, para que en cada una de ella se tenga en cuenta un plan contable diferente', dijo en una jornada organizada por inspectores de Hacienda.

Amerigó recalcó que ya pasó algo similar hace 17 años, cuando se aprobó el vigente plan. Entonces se dio un plazo de transición de un año,

Por otra parte, Amerigó reconoció que la reforma obligará a Hacienda a adaptarse también para no perder comba en la lucha antifraude: el nuevo plan permite contabilizar algunos ingresos y gastos en otra cuenta (variación de patrimonio neto) que no es la de pérdida de ganancias, por lo que el fisco 'deberá inspeccionar también esta posibilidad para no dejar cabos sueltos'.