Nunca antes había existido una norma que permitiera a Hacienda atar tan en corto las cuentas de comunidades y ayuntamientos. La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria -que ayer publicó el BOE y que hoy entra en vigor- obliga a todas las Administraciones a tener sus cuentas en equilibrio o superávit. Sin embargo, lo más novedoso de la normativa son los poderes que otorga a la Administración central para dirigir la política económica de una comunidad o ayuntamiento.
De hecho, como ya informó CincoDías, el Gobierno podrá disolver un ayuntamiento aunque en ningún caso podrá destituir un presidente regional o suspender una autonomía. "No permitiremos que ninguna comunidad caiga, pero todas estarán sujetas al imperio de la ley", señaló en un encuentro con periodistas el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. La nueva legislación eleva al máximo las obligaciones de información. De hecho, a partir de ahora se conocerá mensualmente la evolución de ingresos y gastos autonómicos y, en cualquier momento que Hacienda observe que existe un riesgo de incumplimiento, podrá lanzar un advertencia a la comunidad afectada y exigir que tome medidas. Además, habrá un control previo de los presupuestos autonómicos, que deberán respetar la regla de gasto, que impide aumentar el gasto por encima de la evolución del PIB. Hacienda podrá realizar recomendaciones antes de su aprobación.
Y, si ello no fuera suficiente, un posible incumplimiento conllevará la obligación de presentar un plan de saneamiento que será discutido por el resto de comunidades y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si no se presenta un plan de reequilibrio, o se incumple o es rechazado por Hacienda, las comunidades deberán aprobar antes de quince días un acuerdo de no disponibilidad y constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Si en el plazo de tres meses no ha aplicado las medidas exigidas por Hacienda, no recibirá el dinero de ese depósito. Y si tres meses después la situación sigue enquistada, lo perderá definitivamente.
En el caso de aplicar el acuerdo de no disponibilidad que exige la normativa, Hacienda enviará a la Administración incumplidora una comisión de expertos que elaborará un plan de ajuste de obligado cumplimiento. Y, si después de todo, la comunidad continúa sin seguir las directrices, entrarán en vigor las llamadas "medidas de cumplimiento forzoso": el Ejecutivo, con el visto bueno del Senado, podrá intervenir directamente una región "y dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma". Dicho de otra forma, llegado a este estadio, será Hacienda quien controle la política económica de una comunidad. Una hipotética intervención de una autonomía podría producirse después del verano, en septiembre. En el caso de los ayuntamientos, el proceso es idéntico con una importante salvedad. El Consejo de Ministros tendrá capacidad para disolver un ayuntamiento, un hecho que hasta ahora solo ha ocurrido una vez. Fue en 2006 tras destaparse los graves casos de corrupción de Marbella.
Ayuda voluntaria y círculo virtuoso
Más allá del carácter coercitivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Beteta señaló que todas las comunidades podrán pedir la ayuda del Estado en el momento en que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Con todo, aseguró que ninguna comunidad ha recurrido todavía al auxilio del Gobierno central.
A pesar de que algunos analistas ya advierten que las medidas de austeridad pueden retrasar la recuperación, el Gobierno confía en que la Ley de Estabilidad Presupuestaria demuestre a los mercados que España está comprometida con la consolidación fiscal. Según sus cálculos, ello derivará en una mayor confianza, lo que abaratará la financiación para las empresas, apuntalará el crecimiento y permitirá la creación de empleo. Sin embargo, la duda es qué sucederá si este círculo virtuoso finalmente falla.
Confusión en torno al plan de ajuste catalán
El plazo para que las comunidades que se acogieron al plan de pago a proveedores presentaran sus respectivos planes de ajuste concluyó ayer. La mayor confusión se produjo en torno a Cataluña. El Ejecutivo de Artur Mas aseguró que todavía no ha presentado el plan de ajustes y que, de momento, solo ha entregado un "documento" que incluye como ingreso los 219 millones que el Estado debe a la Generalitat en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto. Hacienda ya advirtió que no abonará ese dinero y exigió que Cataluña retirara esa partida presupuestaria en sus previsiones.
Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que Cataluña, no solo ya ha entregado el plan de ajuste sino que, además, este va en la buena dirección. El Consejo de Política Fiscal del 9 de mayo despejará todas las dudas.
