Se trata de poner orden y delimitar de forma exacta, sin líneas borrosas, qué puede y qué no puede hacer cada Administración. Ese es el objetivo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local -algo así como la biblia de los municipios- que mañana recibirá casi con toda probabilidad el visto bueno del Consejo de Ministros.
El objetivo es consagrar el principio de "una competencia, una Administración". Para ello, se estipulará un listado cerrado de servicios que todos los municipios, con independencia de su tamaño, deberán ofrecer de forma obligatoria. En este grupo se encuentran urbanismo, medio ambiente, abastecimiento y el tratamiento de aguas residuales, seguridad y protección civil, infraestructura viaria, tráfico y transporte de mercancías, promoción turística, ferias y abastos, protección de consumidores, cementerios, promoción del deporte, promoción de la cultura y la gestión del padrón municipal. Esta lista no coincide con la que presentó la Federación Española de Municipios y Provincias durante la negociación con el Ministerio de Hacienda, de la que han quedado excluidas las competencias en materia de desarrollo económico, las políticas activas de empleo y formación ocupacional o la promoción de la vivienda de protección pública. El borrador de la Ley, al que ha tenido acceso CincoDías, consagra además que los municipios quedan eximidos de las competencias en educación y sanidad para completar el ajuste de 3.500 millones de euros fijado en el Programa Nacional de Estabilidad 2012-2015. Se trata, por tanto, de poner fin definitivamente a las llamadas competencias o gastos impropios de las corporaciones, que algunos estudios estiman que consumen más de 6.000 millones de euros de las arcas municipales al año.
Este nuevo reparto supone un balón de oxígeno para los municipios al liberarles de una pesada carga en materia presupuestaria, pero también les arrebata gran parte de sus competencias. Eso puede llevar a los municipios a extralimitarse y a tratar de mantener su cuota de poder, pese a que no dispongan de dinero. Esa posibilidad está contemplada en la Ley, ya que fija que los municipios solo estarán obligados a prestar los servicios básicos, mientras que el resto de competencias "podrán prestarse excepcionalmente, cuando las competencias propias estén garantizadas y se cumplan los requerimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Estos se resumen en que ningún municipio podrá gastar más de lo que ingrese y que no podrá asumir ningún compromiso de gasto si no cuenta con financiación para pagarlo. De hecho, la norma establece que el incumplimiento puede dar lugar "a la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria".
El texto también reordena las competencias en manos de las 1.432 mancomunidades de municipios, que dejarían de prestar servicios obligatorios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Estos serían absorbidos por las diputaciones para minimizar el impacto que podría tener en las cuentas la supresión o la fusión masiva de municipios ante la posibilidad más que probable de que no puedan hacerse cargo de los servicios mínimos.
Esa es solo la primera parte de la reforma, ya que establece que en el primer año de la entrada en vigor de la ley, todos los ayuntamientos someterán a evaluación sus servicios para ajustarlos al principio de estabilidad financiera y evitar duplicidades. Eso significa que si transcurrido ese periodo el municipio no es capaz de asegurar la financiación de sus servicios, podrá optar por dos vías. O bien ordenar su supresión, si se trata de servicios no básicos o actividades económicas, o bien privatizarlos, siempre que sean servicios obligatorios que no realicen funciones públicas. Algunas cuestiones aún no están cerradas, como el listado definitivo de servicios ineludibles, la obligatoriedad de que los municipios resultantes de fusiones superen los 20.000 habitantes o la ampliación de las competencias de las diputaciones.
Las cifras
1.432 mancomunidades dejarán de prestar servicios a municipios de menos de 20.000 habitantes. Estos serán asumidos por las diputaciones provinciales.
6.733 millones es la deuda acumulada por el Ayuntamiento de Madrid hasta marzo. Supone el 18,5% del total.
8.242 millones es el déficit acumulado por todas las Administraciones locales a finales de 2011.
¿Son imprescindibles 65.000 concejales?
El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, defendió ayer la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para clarificar el marco competencial de los municipios y asegurar unos servicios de calidad. "La situación actual es una consecuencia del desarrollo autonómico en España. La solución no pasa por eliminar autonomías, ayuntamientos o diputaciones, sino por aplicar criterios de gobernanza basados en la eficiencia y la austeridad", aseguró en Cáceres durante la ponencia inaugural del curso "El gasto y los servicios de las entidades locales ante las últimas exigencias de estabilidad presupuestaria de la UE", celebrado ayer en la Universidad de Extremadura.
De este modo, Floriano rechazó las acusaciones vertidas desde algunas instituciones en las que se señalaba que la reforma solo buscaba la eliminación de las Administraciones. "Lo único que queremos es que las Administraciones públicas no gasten más de lo que ingresan y que su estructura sea sostenible. Ese modelo choca con el sistema desarrollado hasta la fecha, que ha provocado un sector público sobredimensionado y una expansión administrativa insostenible". Floriano ilustró esta tesis con cifras. "¿Es imprescindible que haya 17 o 10 defensores del pueblo y otros tantos tribunales de cuentas, organismos de la competencia, consejos consultivos y grupos empresariales públicos provistos de altos cargos y coches oficiales? ¿Es imprescindible que existan 65.000 concejales o 1.040 diputados provinciales?, remarcó en tono vehemente.
En su opinión, España no necesita tanto un cambio del modelo territorial, "sino una reforma en el desarrollo del modelo, donde se potencia el papel de las diputaciones".
