Hasta ahora, el Gobierno aseguraba que no habría nuevas subidas de impuestos este año después de elevar el IRPF y el IBI el pasado mes de diciembre. Sin embargo, Montoro modificó ayer ligeramente su discurso al señalar que no habrá subidas de impuestos "injustas". Supone un pequeño cambio de matiz que, sin embargo, abre la puerta a que el Gobierno haga uso, en palabras de Montoro, "de instrumentos fiscales de manera equitativa y justa".
El propio Montoro, durante el debate en el Congreso sobre el techo de gasto no financiero de los Presupuestos de este año, descartó una subida del IVA y fuentes de Hacienda niegan que se aprueben incrementos de tipos impositivos. Sin embargo, hay muchas maneras de elevar la fiscalidad sin necesidad de tocar los gravámenes. En este sentido, Hacienda tiene encima de su mesa propuestas para eliminar o reducir deducciones y beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades u otros tributos. Además, también hay margen para incrementar los ingresos a partir de cambios en el sistema de liquidación de los tributos.
Estos son los ámbitos en los que trabajan los técnicos del Ministerio de Hacienda para lograr el nuevo objetivo de déficit exigido por la UE, que eleva en 5.300 millones el ajuste que debe realizar España. Es decir, el conjunto de la Administración tiene hasta final de año para reducir sus números rojos en 34.931 millones frente a los 29.600 millones previstos en la hoja de ruta que fijó Hacienda y que el lunes endureció la Comisión Europea.
El mayor esfuerzo recaerá exclusivamente sobre la Administración central, cuyo objetivo de déficit pasa del 4% al 3,5%. El ajuste requerido para el resto de Administraciones (comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) no varía. Hay que tener en cuenta que la suavización del objetivo de déficit anunciado por el Gobierno a principios de marzo contemplaba un escenario presupuestario más benévolo para la Administración central. Ello sugiere que el Ejecutivo ya contemplaba la posibilidad de que la UE exigiera un ajuste mayor.
Este recorte adicional de 5.300 millones que pide Bruselas deja en papel mojado el escenario presupuestario que presentó a principios de mes y que ayer aprobó el Congreso. El Ejecutivo había previsto para las cuentas de este año un techo de gasto de 118.565 millones, un 4,7% menos que el ejercicio anterior. El Gobierno mantuvo ayer esa cifra, que fue aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y UPN. CiU, PNV, UPyD y CC se abstuvieron y el PSOE e IU votaron en contra. No obstante, el Ejecutivo advirtió que los Presupuestos que se presentarán el 30 de marzo incluirán un ajuste superior al previsto. En este sentido, Montoro aseguró que deberán avanzar este año algunos de los recortes que ya tenían previstos para el próximo año.
Si bien el ministro de Hacienda asegura que no se plantean una reducción del sueldo de los funcionarios, esa posibilidad cada vez gana más fuerza, ya que supone una medida que permitiría recortar el gasto tanto de la Administración central como de las comunidades y los ayuntamientos. De hecho, el mayor sindicato de empleados públicos, CSI-F, teme que el ajuste adicional exigido por Bruselas derive en una reducción de dichos sueldos. "Avisamos de que no estamos dispuestos a que este nuevo recorte recaiga sobre los empleados públicos. El Gobierno tiene que buscar otro sitio donde hacer ese ajuste", señaló ayer el presidente de CSI-F, Miguel Borra.
Los sueldos públicos suponen el 22% del total de los gastos no financieros de la Administración central y casi el 40% en el caso de las comunidades autónomas. Los analistas entienden que eliminar una de las pagas extras que reciben los funcionarios en junio y diciembre permitiría ahorrar entre 4.000 y 5.000 millones, precisamente el ajuste que exige la UE. Los funcionarios ya vieron reducido su sueldo un 5% de media en mayo de 2010. Y, desde entonces, se mantiene congelado, lo que implica una progresiva pérdida de poder adquisitivo.
Algunas comunidades como Cataluña ya han anunciado que reducirán en torno a un 5% el sueldo de los funcionarios dependientes de la Generalitat, que suman 165.600 efectivos. Una decisión tan drástica no se ha tomado en ninguna otra comunidad aunque todas la barajan. Los Ejecutivos autonómicos están pendientes de si finalmente el Gobierno de Mariano Rajoy adopta una rebaja de sueldos públicos, lo que les permitiría ahorrarse el coste político de adoptar esta medida.
Desde el PSOE, aseguraron que el objetivo de déficit más ambicioso se traducirá en una subida del IVA, en la pérdida de empleo en el sector público y en recortes de los servicios públicos básicos. Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se alineó con Montoro y aseguró que el Gobierno no subirá el IVA este año, sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de aplicar esa medida en 2013, fue más enigmático: "No adelantemos acontecimientos", dijo.
Más desfase en el nuevo año
El Gobierno publicó ayer los datos de ejecución presupuestaria de enero, que muestran que el déficit público de la Administración central alcanzó los 9.313 millones de euros (0,87% del PIB), casi el doble que en el primer mes del año anterior. El Ministerio de Hacienda advirtió que las cifras de un solo mes no son indicativas de lo que sucederá el resto del año y apuntó que los mayores números rojos se explican por el incremento de las devoluciones.
En cualquier caso, ciertas partidas presupuestarias ya muestran una tendencia al alza que se mantendrá a lo largo de todo el año. Es el caso de los gastos destinados a pagar los intereses de la deuda, que solo en enero alcanzaron los 6.250 millones, un 12,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En conjunto, en el primer mes del año, los gastos se incrementaron un 6,1% mientras que los ingresos cayeron un 3,8%.
