Hacienda ha matado dos pájaros de un tiro con la aprobación de un impuesto estatal sobre los depósitos financieros. Por un lado, impide que Canarias, Extremadura y Andalucía sigan aplicando un tributo que desagradaba al Gobierno y, por otra, cierra la puerta a que otras autonomías sigan sus pasos. De hecho, Asturias ya incluyó este impuesto en los Presupuesto de 2013.
El tributo estatal se incluyó el jueves a las doce de la noche en una enmienda del Grupo Popular en el Senado a la ley de medidas tributarias que acompaña a los presupuestos de 2013. La decisión del Gobierno se adoptó después de que el Tribunal Constitucional avalara la semana pasada la aplicación de este impuesto que la Junta de Extremadura aprobó diez años atrás y que recurrió el entonces Gobierno de José María Aznar.
La decisión del Constitucional abría la puerta a que otras comunidades siguieran la senda de Extremadura. De hecho, Andalucía aprobó el tributo sobre depósitos en el año 2011. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por ejemplo, propuso una medida similar para dar su apoyo a Convergència i Unió (CiU), vencedor sin mayoría en las pasadas elecciones catalanas. Ante esta situación, Hacienda ha cortado por lo sano. Al establecer un tributo estatal se anula la posibilidad de que otra Administración, en este caso la autonómica, aplique un impuesto análogo ya que la ley prohíbe gravar dos veces un mismo hecho imponible. El impuesto que aplicaban las comunidades lo pagaban las entidades de crédito que operaban en ese territorio.
La Ley de Financiación Autonómica establece que el Gobierno central deberá resarcir a las comunidades cuando apruebe medidas que supongan una pérdida de recursos para las autonomías. El caso del impuesto sobre depósitos bancarios es un ejemplo de manual. Sin embargo, el tributo que antes debía pagar la banca en Andalucía, Extremadura y Canarias, ahora lo pagarán todos los contribuyentes ya que la compensación saldrá de las arcas públicas de la Administración central.
Andalucía había presupuestado ingresar algo más de 100 millones, Extremadura otros 27 millones y Canarias, unos 15 millones, según los datos incluidos en sus respectivos presupuestos. En cualquier caso, la judicialización de este impuesto provocó que la banca no lo abonara. "Se reconocieron derechos por 116,3 millones de euros pero solo se ingresaron 18,9 millones", explica en su plan económico financiero el Gobierno andaluz. Es decir, la banca no pagaba este impuesto a la espera de conocer la decisión del Constitucional aunque sí lo provisionaba ante la posibilidad de que el Alto Tribunal fallara en su contra. Como así fue.
Zapatero hizo algo parecido
El hecho de establecer o mantener un impuesto fantasma -tributo que existe pero que no se paga- es una táctica conocida para impedir que comunidades o ayuntamientos apliquen gravámenes que contravienen la política económica del Gobierno central. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto sobre el patrimonio en 2008, estableció una bonificación del 100% en la cuota. Con ello, se lograba que el tributo desapareciera a efectos prácticos pero que se mantuviera dentro del entramado legal para impedir que las comunidades aprobaran impuestos análogos en sus territorios. En el caso del impuesto sobre los depósitos, las entidades no estarán obligadas ni a presentar la declaración.
Un nuevo gravamen sobre las transacciones en Bolsa
El boicot de Hacienda al impuesto sobre depósitos bancarios que aprobaron diversas comunidades supone una rebaja fiscal para las entidades financieras. Sin embargo, no deben cantar victoria porque el Gobierno ya ultima una suerte de tasa Tobin para gravar las transacciones financieras en los mercados bursátiles. España es uno de los países que defendió este nuevo gravamen que ya se aplica en países como Francia.
En cualquier caso, la medida todavía está en estudio y por ello no se ha incluido ni en los Presupuestos de 2013 ni en la ley de medidas tributarias que está a punto de finalizar su trámite parlamentario. Este tributo también recaerá sobre las entidades financieras y gravará la compra de acciones de empresas con un volumen alto de capitalización bursátil. En Francia se aplica un tipo del 0,2% a las transacciones de renta variable.
