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Abusos en la externalización

Hacienda admite abusos al contratar servicios en la Administración

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reconoce que se está abusando de la fórmula de contratos de servicio en la Administración para sufragar la escasez de personal laboral o funcionarios.

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Bernardo Díaz - Madrid - 25/01/2010

El último informe financiero que acaba de elaborar la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, correspondiente al año 2008, pone en evidencia una multitud de irregularidades en el control del gasto y la gestión del personal en la Administración estatal. La Intervención recalca cómo "ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa". Los ejemplos que pone son múltiples.

En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se está utilizando la contratación de servicios "para externalizar tareas que debe realizar con sujeción al derecho administrativo y actividades y que cubren necesidad de carácter permanente". En especial recalca cómo tanto en el Ministerio como en el organismo Parques Nacionales buena parte de los encargos realizados son a empresas del grupo Tragsa, para saltarse la normativa de la función pública. En el caso delMinisterio de Asuntos Exteriores, la IGAE recalca cómo para completar la estructura de muchas unidades se ha utilizado personal obtenido mediante contratos de servicios, "abusando del fraccionamiento del gasto y del contrato menor".

En elMinisterio de Educación y en el de Industria ocurre algo parecido. Se externalizan labores propias de estos departamentos, como la gestión de ayudas, "con lo que se corre el riesgo de romper la homogeneidad de criterios" entre el personal interno y el externo. Hacienda subraya que la creciente tendencia a acudir a la contratación de servicios "bajo condiciones más propias de una relación laboral" está provocando sentencias judiciales en las que se reconoce fraude de ley y cesiones ilegales de trabajadores, obligando a los departamentos a admitir como personal laboral indefinido a las personas que trabajan de forma irregular con contratos de servicios o encargos. Si crítica es la IGAE con el uso de contratos de servicio más lo es con las encomiendas.

Pone como ejemplo Red.es, entidad empresarial del Ministerio de Industria, que a través de ellas o los convenios negocia proyectos con otras entidades. En la tramitación de estas encomiendas se producen problemas como retrasos en la ejecución, que "llevan a presumir que sería mucho más eficiente si la negociación se hiciera directamente por el ministerio". Además, la IGAE concreta que Red.es dispone de los fondos de las encomiendas durante largos periodos de tiempo (a veces dos años) sin darles aplicación y obtener retribución financiera.

El informe de la IGAE se produce justo cuando el Gobierno está estudiando una reordenación del gasto público con el fin de aplicar criterios de austeridad, ante la crisis. De hecho, el Ejecutivo tiene previsto aprobar este plan de austeridad el próximo viernes. Mientras el Gobierno elabora el plan son muchos los críticos que alertan del crecimiento de personal público, sobre todo en las autonomías. Mientras en la Administración central, el personal se ha reducido hasta los 583.000 efectivos, en las comunidades autónomas ha aumentado mucho más que proporcionalmente, hasta 1,4 millones

Escaso control en las subvenciones y pagos fraccionados

La IGAE denuncia también el envío insuficiente de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, creada para el control de las mismas. Ello provoca que "no se pueda analizar la concurrencia de ayudas indebidas".

El envío de información insuficiente es generalizada y afecta, sobre todo, a los ministerios de Cultura, Industria, Trabajo, Vivienda, y a organismos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de la Cinematografía, entre otros. También alerta de que se está vulnerando el principio de limitación de la concurrencia en la contratación.

Así , con el fin de beneficiarse de tramitaciones simplificadas (propias de contratos menores) se producen fraccionamientos de gastos, incumpliendo la ley. Esta situación "se pone de manifiesto en el 40% de los informes de control de los ministerios y en el 20% en los demás organismos".

También detecta vulneraciones en el procedimiento negociado en el que se necesita la concurrencia de, al menos, tres empresarios. Es el caso del Ministerio de Justicia: aunque solicita las tres ofertas "éstas no explican las ventajas competitivas en los precios ofertados".

Ocurre lo mismo en el organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que negocia con las empresas pero suelen ser las mismas y, salvo la adjudicataria, el resto no presenta oferta.

OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS

MUTUAS

Sobrevaloraciones

Se encuentran salvedades en 19 de las 24 mutuas de accidentes de trabajo auditadas. En ellas hay una tendencia a la sobrevaloración de la provisión para contingencias en tramitación, que llega al 30% de las mutuas. Hay 18 millones de gastos no cubiertos presupuestariamente en el último ejercicio analizado.

INEM

Imputaciones erróneas

El Servicio Público de Empleo Estatal incumple el principio del devengo en las prestaciones por paro. Imputa al ejercicio los gastos devengados en el periodo diciembre-noviembre en lugar de hacerlo de enero a diciembre, provocando diferencias de hasta 200 millones. Y no reconoce pagos indebidos en vía ejecutiva.

UNED

Colaboraciones opacas

La Universidad Nacional de Educación a Distancia "no contabiliza y controla" los ingresos y gastos derivados de las actuaciones formativas de posgrado con titulaciones propias de la universidad, gestionadas por entidades colaboradoras. Estas entidades ingresan en la UNED un 22% de la recaudación por matrículas.

ICEX

Ineficiencia contable

En el caso del Instituto de Comercio Exterior, la IGAE le imputa una "falta de calidad" en la información contable, achacable al "poco control interno". Ello se extiende incluso a la elaboración de las cuentas anuales. Hacienda le recomienda que mejore la gestión contable y presupuestaria.

PUERTOS Y AENA

Descontrol en salarios

Hacienda detecta que AENA incumple de "manera sistemática" la norma de límites retributivos. La retribución media de un controlador es de 304.874 euros, "excediendo en 210.316 euros" a la que resultaría de actualizar la retribución de 1999 con el IPC . Algo similar ocurre con puertos y sociedades hidráulicas.


Comentarios

  • 1 Anton - 25-01-2010 -19:06:32h

    En relación a la noticia que publican se queda corto, y los supuestos beneficios que los políticos declaran, sea menos personal público, son totaslmente falsos y, lo que es más grave, las personas contratadas por empresas que realizan funciones adminnistrativas y externalizadas, están entrando en la administración vía sentencia, con lo que los pobres opsitores se están rompiendo los cuernos y nunca entrarán, y los políticos directivos y gestores, sobre todo en Medio Ambiente, son directivos al mismo tiempo de las empresas con las que contratan, y el personal de esas emperesas entran a dedo. Este terma ha sido puesto en evidencia por el Tribunal de Cuentas ,por medio de la moción nº 827 a las Corte Generales, sin ningún resultado. Conclusión: no es cierto que los gastos públicos disminuyan al no convocar pruebas selectivas para el personal de las administraciones públicas en el porcentaje de la tasa de reposición, ya que las funciones se externalizan y casi siempre a un mayor coste.¿utilizar este sistema da lugar a corrupción?¿se cobran comisiones?.¿ Por qué se incentivan métodos que dejan abierta la posibilidad de corromper?

  • 2 Grinch - 25-01-2010 -17:30:53h

    Trabajamos poco, cobramos mucho, tenemos dos o tres meses de vacaciones... ¿Alguien dice alguna bobada más?. Así, se me olvidaba, no nos pueden echar y la estrella de todas: nos pagan el sueldo con el "sudor del de enfrente". Todos los que dicen esto y cosas peores no saben ni lo que dicen, no son más que boceros. Lo dice alquien que ha trabajado en los dos sitios, y que quieres, trabajo más ahora que en la privada... Tonto dirá alguno, no simplemente un empleado más que no se cree más que nadie, ni menos, sólo que ha tenido la paciencia y otras cosas para sacar una oposición entre varios miles de personas, que aprovecho a recordar están abiertas para todos. Es mejor que la administración esté privatizada, con empresas públicas por todos los lados que contratan y subcontratan alegremente y campan por sus respectos, o mejor dicho por intereses personales de los políticos -hay que ver cada adjudicación que quita el sentido-, teniendo que aguantar que nos metan en los despachos autónomos, si... autónomos, que cobran más que nosotros y encima esos si que trabajan menos, porque como están en situación irregular, por ser suave, no tienen ni que madrugar para fichar... eso es mejor. O mejor que eso es la subvencionada industria del automóvil, entre otras, con sueldos astronómicos en comparación a un funcionario, y que sin las subvenciones igual no sacábamos tanto pecho, igual con los impuestos que pagan los funcionarios (sin escatimar nada, que hay mucho empresario que declara menos que un mileurista) tampoco nos parece bien subvencionar a esos sectores, si se tiene que hundir, que se hunda, no son tan eficientes?.

  • 3 Un funcionario harto de bobadas - 25-01-2010 -14:50:34h

    A Ana y los demás que sólo saben decir sandeces sin conocimiento de causa sobre la función pública: eso de las 3/4 que sobran, ¿tienes algún criterio que ofrecer? ¿sabes que muchos subcontratados suponen 3 veces más de coste para la Administración que una persona funcionario de carrera o laboral? Hay que usar un poco la cabeza y no soltar la primer bobada que a uno se le ocurre. Pero el problema de que haya algún que otro vaguete no es la clave de los problemas de la función pública, este tipo de gente te la encuentras en la misma medida en todas las grandes organizaciones, privadas o públicas. El problema está en las rigideces legales y la falta de voluntad de meterle mano de verdad al Estatuto básico del Empleado Público para que haya los mecanismos necesarios para exigir rendimiento y penalizar si no lo hay, lo que genera todo tipo de situaciones absurdas y trabas en la gestión del personal. Pero ningún político se atreve ni da importancia a abrir ese melón con todas sus consecuencias. Pocos se atreven a denunciar de verdad la enorme redundancia administrativa y política de nuestro modelo territorial duplicando funciones y creando conflictos donde no los tendría que haber. Por otra parte, sí, sobra gente en muchas partes, pero falta muchísima más en otras, al menos en el Estado que es donde trabajo yo.

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