Cumplimientos con el objetivo de déficit que no eran tales (véase el caso de la Comunidad de Madrid) o demasiadas facturas atrasadas sin pagar en los cajones de casi todos los ayuntamientos y Administraciones autonómicas. Esto que parece que ha sido la realidad de los últimos años no puede repetirse, según aseguran desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por ello, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, abogó ayer por buscar fórmulas de colaboración con el sector privado para mejorar el control de las cuentas públicas, "aprovechando las sinergias que pueden surgir entre ambos y haciendo un uso más eficiente de los recursos públicos".
Durante la inauguración de la jornada sobre el Análisis de la auditoría como instrumento de gestión del sector público, Fernández Currás afirmó que el actual contexto económico "hace de este momento el ideal para contar con los auditores externos a la hora de revisar las cuentas públicas con el objetivo de volver a recuperar la credibilidad perdida en el exterior".
"Las reformas son la mejor garantía de futuro para conseguir una economía competitiva, pero necesitan unas cuentas saneadas, pues en pocos años España ha perdido la credibilidad y confianza en sus cuentas", señaló la responsable de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.
Comisión de auditores
En este sentido, añadió que el nuevo Ejecutivo ha intentado atajar esta situación desde que llegó, "pero la grave y alarmante desviación del déficit público obligó a tomar medidas, pues la situación no era como contaron, sino mucho peor". Por ello, defendió la Ley de Transparencia promulgada por el Ejecutivo, "pues la sociedad quiere ver cómo la Administración corrige sus cuentas y se aleja de la senda del despilfarro, pero sobre todo quiere que esto no vuelva a ocurrir".
En el marco de esta jornada de debate, las corporaciones representativas de los auditores de cuentas de España (el Consejo General de Colegios de Economistas de España, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo Superior de Titulares Mercantiles de España) presentaron la nueva Comisión de Auditores del Sector Público, "que se crea ante la creciente demanda de una mayor transparencia y rigor en la gestión del sector público". El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, destacó que dicha comisión dará apoyo a las "necesidades" que tiene el país en el ámbito público, "que precisa de un papel más destacado de los auditores externos en el control y la fiscalización de las cuentas de las Administraciones".
Para Cámara es urgente dar un salto de calidad en la información que ofrecen las Administraciones. En este punto, recordó que casi el 80% de las entidades locales se encuentra sin revisar "y deben ser auditadas con los instrumentos de la Administración, pero con nuestro acervo, pues en España existe un importante tejido de servicios profesionales de auditoría que debería ser adecuadamente aprovechado por el sector público".
Endurecer el régimen de incompatibilidades
El Ejecutivo se está planteando endurecer el régimen de incompatibilidades de los responsables públicos para impedir que, una vez abandonan sus funciones, ocupen cargos en actividades privadas que puedan "inducir sospecha" o puedan tener algún "riesgo de conflicto de intereses".
En una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, el Ejecutivo precisa que con esa reforma se trataría de "impedir todas aquellas actividades privadas que, aun no estando directamente relacionadas con las competencias del cargo desarrollado, sí tengan alguna concomitancia o zona de influencia que pueda inducir sospecha o riesgo de conflicto de interés"
La pregunta fue formulada por el portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, para tratar de conocer los pormenores del fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, como consejera de Chilectra, distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa.
En la contestación a Garzón, el Ejecutivo deja claro que "respeta" el ordenamiento jurídico vigente, aprobado en los años de Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Es estrictamente celoso en cuanto a que se apliquen sus normas en sentido estricto", recalca. Así queda reflejado en la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, correspondiente a 2006, en la que se establece que "los altos cargos no podrán, cuando cesen en el ejercicio de sus cargos públicos, realizar actividades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado, definiendo muy claramente qué se entiende por relación directa".
del PIB es el déficit que ha presentado España ante Bruselas por los desvíos aparecidos en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
