El Gobierno vasco en funciones ha acordado abonar la paga extra de diciembre a sus alrededor de 67.000 empleados públicos, lo que supondrá un desembolso de 207 millones de euros, ya que un informe jurídico del ejecutivo afirma que lo contrario sería una decisión "no ajustada a derecho", aunque ha precisado que el lehendakari y sus consejeros no percibirán esta paga.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, ha dado a conocer esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada en la Lehendakaritza, después de que el pasado mes de julio un Real decreto del Gobierno central de medidas de contención del gasto público estableciera su supresión.
Según ha explicado, el informe jurídico en el que se sustenta esta decisión es "coherente" con la actuación del Gobierno vasco del PSE y ha explicado que la situación actual es "similar" a la que se dio en mayo del año 2010 cuando el Gobierno central aprobó un decreto en el que se ordenaba la reducción de salarios de los funcionarios para lo que el Gobierno autonómico tuvo que acudir al Parlamento vasco para proceder a la reducción salarial con la aprobación de una ley que modificara la Ley de presupuestos de 2010.
La portavoz ha recordado que el Real decreto ley es una norma básica estatal que emite el Gobierno central, mientras que el Gobierno vasco tiene una Ley de presupuestos 2012 de la Comunidad autónoma vasca, teniendo ambas rango de ley.
Ante esta situación, Mendia ha asegurado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es "clara", ya que "no se produce un deslizamiento de la norma autonómica por parte de la estatal, sino una inconstitucionalidad sobrevenida, siendo el TC el único órgano que puede subsanar esta situación".
Asimismo, ha aclarado que la única posibilidad que cabría para que el Gobierno vasco pudiera aplicar el decreto de Rajoy sería haber acudido al Parlamento vasco a aprobar una norma que modificara el decreto. En este sentido, ha defendido que el decreto se aprobó en el mes de julio, fuera del periodo de sesiones de la Cámara vasca, que fue disuelta en agosto ante el adelanto electoral. SIN PARLAMENTO
"Nos encontramos con que no tenemos Parlamento y no podemos legislar para modificar la ley de presupuestos y adaptarla al decreto de Rajoy", ha asegurado antes de indicar que su ejecutivo creía en julio que tendría "todo el otoño con el legislativo abierto".
Por este motivo, el informe jurídico del Gobierno vasco afirma que la "eventual inaplicación" de lo dispuesto en la Ley de presupuestos del País vasco sería una decisión "no fundada en derecho" y defiende que para que la aplicación del Real Decreto del Gobierno central fuera "realmente eficaz se hace ineludible" la interposición de una ley autonómica que expresamente determine la no aplicación de la paga extra de diciembre, modificando la Ley de presupuestos 2012.
"Si el Gobierno vasco hubiera decidido no pagar la paga extra sin acudir al Parlamento vasco modificando la ley de presupuestos vigente, estaría tomando una decisión no ajustada a derecho", ha insistido.
Además, ha resaltado que este asunto de la 'extra' estaba "judicializado desde el principio" porque si acordaran su supresión, los trabajadores podrían recurrir esta decisión en los tribunales.
Contacto con el PNV
Mendia ha hecho referencia a la suspensión del encuentro que le pasado jueves iba a mantener con una delegación del PNV para organizar el traspaso de poderes y en la que se iba a abordar el abono de la 'extra' de navidad, para subrayar el "interés" del actual Ejecutivo en funciones de informar al futuro Gobierno vasco del contenido del informe jurídico, ya que considera que es un tema "relevante" por la cuantía que supone la paga de todo el sector público vasco.
"No ha sido posible; ellos en reiteradas ocasiones nos han dicho que era una decisión que debía tomar este gobierno y por tanto, la hemos tomado", ha indicado.
Mendia ha rechazado evaluar la decisión de otras instituciones ya que ha dicho desconocer las razones en las que se han basado para tomar sus decisiones, aunque ha subrayado que en el caso del Gobierno vasco se trata de dos normas con rango de ley. SUPRESIÓN "INJUSTA"
Mendia ha explicado que el Gobierno vasco en funciones considera que la suspensión de esta paga dictada por el Gobierno central es "injusta en el fondo y en la forma" y cree que tiene un "dudoso impacto en el déficit porque lo que se ahorra por un lado se pierde por otro", ya que "menos retribuciones supone menor recaudación bien por IRPF o IVA".
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Patxi López ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta medida dictada por el Gobierno de Rajoy al considerar que supone una "invasión competencial". La comisión bilateral correspondiente- formado por representantes de Gobierno central y vasco- se podría reunir el próximo mes de febrero para abordar este asunto.
La portavoz ha reconocido que a pesar de que la decisión del Gobierno vasco está "avalada" por los informes jurídicos, el TC podría adoptar una decisión contraria a esta forma de actuar. Sin embargo, ha afirmado que se encuentran "tranquilos" porque su decisión es "coherente" y "fundada en derecho".
Por otro lado, la portavoz ha defendido que tras la ultima reducción de salarios, los empleados públicos de Euskadi "ya han hecho un sacrificio que con carácter general se entendió como un ejercicio de solidaridad por las actuales dificultades económicas".
"Actualmente está de moda pensar que los empleados públicos son los culpables de la crisis; es un truco hábil que se utiliza en algunas administraciones para recortar servicios públicos pero hay que recordar que los servicios públicos fundamentalmente son las personas", ha defendido, antes de agradecer a todos los empleados públicos de Euskadi "su compromiso en el trabajo diario".
