El Ejecutivo y el PP volvieron a verse ayer las caras, esta vez a solas, en el madrileño Palacio de Zurbano. El primero estuvo representado por la vicepresidenta Elena Salgado y los titulares de Fomento e Industria. El segundo, por el equipo económico de Génova, 13, en pleno: Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez. La reunión finalizó sin sorpresas: habrá acuerdos puntuales en ayudas a la rehabilitación de vivienda, la lucha contra la morosidad y la reapertura del crédito a través del ICO, pero se descarta un pacto más ambicioso que ayude a alejar al país de la deriva griega. Con este escenario, la pregunta de unos y otros sigue siendo la misma: ¿No habría sido más razonable librar esta negociación en el Congreso?

Las dos líneas rojas que van a impedir un pacto global entre el Gobierno y el PP atraviesan de lleno la política fiscal y el plan de ajuste presupuestario que haría falta para llegar a 2013 con un déficit del 3%. Montoro dejó claro ayer a Salgado, Blanco y Sebastián que el PP no avalará en el Congreso ninguna subida de impuestos y menos aún la del IVA, prevista para julio. "Este aumento impositivo será negativo para la recuperación, nos traerá más paro y será injusto", resumió.

El principal partido de la oposición puso sobre la mesa varias iniciativas que hacen inviable el acuerdo. A la renuncia a la subida del IVA se suma la reducción de dos puntos en las cotizaciones sociales, la rebaja en cinco puntos del impuesto sobre sociedades a las pymes, el aumento de los gastos deducibles para los autónomos, un tipo reducido del IVA (4%) para el turismo, una desgravación del 10% de los rendimientos del trabajo en el IRPF destinados a ahorro a largo plazo, un mejor trato fiscal a los planes de pensiones y una actualización de balances de las empresas para ayudar al saneamiento de las que están más endeudadas. La tesis del PP es que estas medidas no supondrán merma para las arcas de Hacienda puesto que la pérdida de recaudación se vería compensada con el aumento de la actividad.

Otra línea roja que imposibilita un acuerdo de fondo atraviesa el plan de austeridad presupuestaria que está dispuesto a asumir el Gobierno, demasiado tímido para el PP. Frente a un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones aprobado por el Consejo de Ministros para este año, Montoro planteó un recorte del gasto de 10.000 millones, justo el doble. En opinión de Álvaro Nadal, es ilógico que si se ha planificado un recorte de 40.000 millones en la Administración central hasta 2013, este año sólo se haga un esfuerzo tan pequeño. "Tenemos que conseguir que los mercados nos saquen de este pozo que tanto daño está haciendo a la economía griega. Es urgente enviar señales de credibilidad; hemos ofrecido al Gobierno implicar en el esfuerzo a las comunidades y ayuntamientos, pero Salgado ha esquivado nuestra oferta", mantuvo.

No es la primera vez que ocurre esto. Hace tres meses, el líder del PP, Mariano Rajoy, ofreció a José Luis Rodríguez Zapatero una oferta en la misma dirección, pero el presidente la esquivó en el Congreso. Lo que ayer el PP le volvió a proponer al Gobierno es la posibilidad de reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria de forma que implique obligaciones para todas las administraciones en el control del gasto. En dicha reforma, se fijarían techos de gasto y de endeudamiento para todas ellas y también compromisos concretos que permitan prever el impacto que sobre los presupuestos tendrán retos como el de la dependencia o el envejecimiento.

CiU y la rebaja de cotizaciones

En la alternativa del PP se incluye también la modificación de la ley de Bases de las Haciendas Locales y de la que regula la financiación autonómica para redefinir mejor los límites competenciales de cada administración y evitar duplicidades. El PP llega a proponer que se prohíban por ley las transferencias entre administraciones para financiar partidas fuera de su competencia que no estén contempladas en la financiación autonómica y local. Por este canal circulan ahora alrededor de 11.000 millones de euros.

Por el Palacio de Zurbano pasaron también ayer representantes de CiU, el PNV y ERC. Los nacionalistas catalanes coincidieron con el PP en exigir al Gobierno la rebaja de las cotizaciones y la renuncia a la subida del IVA.

Todos le pidieron a Salgado que acelere las medidas sobre las que hay acuerdo, algunas de las cuales serán votadas en el Congreso antes de fin de mes.