Así consta en la memoria económica que acompaña al proyecto de Ley 'ómnibus', que modifica 47 normas españolas para su adaptación a la nueva legislación sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El Ejecutivo basa esta estimación en una elasticidad de los ingresos públicos de 1,17 puntos en relación al PIB.

Para este cálculo, toma como referencia la suma de impuestos y cotizaciones a cierre de 2007, que alcanzó los 395.061 millones de euros. No obstante, el documento advierte de que es aventurado hacer una estimación de los efectos de la transposición de la conocida como 'directiva Bolkenstein'.

De esta forma, considera que este "aumento de la recaudación a largo plazo" se repartirá entre 2.223 millones (40%) para la Administración General del Estado, 767 millones (13,7%) para las comunidades autónomas y 2.210 millones (39,5%) para el resto de administraciones, que incluyen a las corporaciones locales.