El Gobierno limitará el sueldo de directivos de entidades con ayudas públicas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la decisión del Gobierno de establecer un límite máximo de 300.000 euros como retribución fija de los presidentes o consejeros delegados de las entidades intervenidas o nacionalizadas, lo que supondrá una rebaja del 76% o 66% con respecto a la actualidad. Los consejeros no ejecutivos de estas entidades (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unimm, ya que CAM ha sido adjudicada a Sabadell, es decir, las conocidas como Frob 2) no podrán cobrar más de 50.000 euros. Además, se eliminan pagas variables ni beneficios de pensiones para consejeros y personal de alta dirección.

En lo que respecta a las entidades que sólo hayan recibido ayudas públicas (Frob 1), como son Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según De Guindos. Esto obligará a directivos como Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia y presidente de la matriz del grupo BFA y de Caja Madrid. cobró 2,34 millones en 2011 y tendrá que bajarse el sueldo un 75%. Los consejeros no ejecutivos tienen una remuneración máxima de 100.000 euros al año. Para la alta dirección, el límite a la retribución máxima fija se sitúa en el 67% para el presidente y del 65% para consejeros y directores generales. Además, se suspende el pago de la remuneración variable, pero en el plazo de tres años se valorará si se han cumplido los objetivos exigidos. El Gobierno ha actuado en un aspecto que ha saltado a la opinión pública después de que se hayan conocido las remuneraciones e indemnizaciones a algunos consejeros de entidades intervenidas, como Novacaixagalicia o CAM.

Respecto a los ejecutivos de cajas que decidieron no hacer públicas sus retriibuciones, Guindos incidió en que la nueva regulación se aplicará "a todos", independientemente de si han hecho públicas sus cuentas "El objetivo de esta reforma no es fijar las retribuciones del sector privado, sino que se cumplan las exigencias necesarias para poder recibir ayudas.

Reducción de órganos

Además, las cajas de ahorros que desarrollan su negocio financiero a través de un banco tendrán que limitar sus órganos de gobierno, exclusivamente, a una asamblea general y a un consejo de administración, para simplificar su estructura y tratar de ahorrar gastos. El Gobierno ha establecido que las cajas deberán destinar el 90% de los ingresos que obtengan de sus filiales bancarias a obra social, y fija un umbral del 25% de control del banco filial por debajo del cual la caja pasa a convertirse en fundación de régimen especial.

La necesidad de reducir los órganos de contro del sector de cajas de ahorro era una de las necesidades de la reestructuración, toda vez que estas entidades acumulan 5.170 miembros de 35 asambleas, 625 consejeros y más de 15 millones de euros en dietas. Estas entidades han de tener asamblea y consejo de administración, explicó Guindos. El número de miembros vendrá definido por los estatutos de cada entidad.

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El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, cuyas líneas maestras presentó ayer Guindos. Entre estos grandes rasgos de lo que será el real decreto que reformará el sistema financiero español. Destaca entre lo anunciado las urgencias que trata de trasladar el Gobierno al sector para que acometa su consolidación definitiva.

¿Cómo pretende lograr esto? En primer lugar, imponiendo fuertes exigencias para reconocer el deterioro de los activos inmobiliarios que bancos y cajas acumulan en balance. La cifra, la ya conocida: 50.000 millones de euros.

Una cantidad muy alta, pero que las entidades podrán rebajar si deciden acometer fusiones. Si hay un proceso de integración que haga que el tamaño crezca al menos un 10%, se le permitirá cumplir con el nuevo calendario de provisiones en dos ejercicios. También habría más acceso a financiación a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Para ello, los bancos tendrán que suscribir bonos contingentes convertibles (conocidos como CoCos).

Composición de la dotación

¿Cómo se alcanzará esta dotación? La mitad de esta cuantía proviene de la exigencia de una dotación extra para los activos inmobiliarios problemáticos (pisos, promociones y solares adjudicados; así como créditos morosos y subestándar -en cuarentena- vinculados a la construcción y promoción). Esta dotación extraordinaria se hará cargo a resultados.

Otros 15.000 millones provienen de un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada...). Por último, los 10.000 millones restantes se originan en una exigencia de provisión genérica vinculada a los activos inmobiliarios no problemáticos. Las entidades deberán realizar una dotación equivalente al 7% de su cartera de crédito sano a promotores, en previsión de un posible deterioro futuro. Esta provisión se realizará contra resultados.

La suma de unas y otras partidas supondrá que se exijan provisiones para el suelo por un importe del 80% de su valor en libros (frente al 31% de la actual cobertura). En el caso de las promociones en curso se pedirá un 65% (frente al 27% de ahora). Las promociones terminadas y la vivienda tendrán que estar cubiertas en un 35% de su valor (frente al 25% actual).