En los departamentos de Fomento y Economía se explica que el objetivo último de la reforma es evitar que se produzcan casos como el del puerto de Gijón que recientemente ha llegado al Congreso al exigir el PP el traslado del expediente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. En este expediente, el sobre coste de la obra excede los 250 millones de euros, casi un 50% más del presupuesto inicial.

Pero no sólo pesa este ejemplo, jaleado por el primer partido de la oposición, pues desde el PSOE también se recuerda que el soterramiento de la M-30 en Madrid o el nuevo Palacio de Deportes finalizaron con un sobre coste que excedió el 100% de la previsión inicial en ambos casos.

El cruce de borradores que se está produciendo entre los departamentos de Fomento, Economía y Medio Ambiente para atajar esta situación abordan, sobre todo, tres elementos, según las mismas fuentes: el límite porcentual a partir del cual no se podrán sobrepasar los modificados en la obra pública, la conveniencia de que los que lleguen vinculados a obras suplementarias sean objeto de nueva licitación pública y, por último, la prohibición de plantear estos modificados en el primer año de ejecución del proyecto. Algunos de estos planteamientos ya han sido trasladados hace seis meses al Gobierno en forma de sugerencia por parte de Bruselas.

La tendencia en la que trabaja el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco es acotar al máximo los requisitos exigidos en la Ley de Contratos de las administraciones públicas para que las empresas constructoras no aprovechen las lagunas legales para introducir sobrecostes con cargo el erario público, tal y como avanzó CincoDías el 18 de septiembre.

Según fuentes de Fomento, esta iniciativa es mucho más práctica y operativa que, por ejemplo, la que adoptó en su día el ex ministro José Borrell cuando reunió nada más comenzar su mandato a las principales constructoras para advertirles que había llegado el momento de introducir total transparencia en los sistemas de adjudicación de obras y, por lo tanto, de dejar de pagar comisiones a los intermediarios que, en ocasiones, se presentaban como enviados de determinados partidos políticos.

Mayor transparencia

Aunque el proyecto de ley que encauzará esta reforma de la Ley de Contratos aún no ha llegado al Congreso, el PSOE ya ha definido su posición. "Es necesario introducir mucha mayor transparencia y rigor en la regulación de la contratación de la obra pública, evitando la proliferación de modificados. Hay que conseguir un equilibrio entre la celeridad, sobre todo ahora que hay tanto desempleo en el sector de la construcción, y la correcta elaboración de los proyectos de obra para que lleguen a las distintas administraciones lo más cerrados y elaborados posible y evitar así los sobre costes", opina Rafael Simancas, portavoz socialista de Fomento. Simancas pone como referencia a seguir el modelo inglés o el francés, donde los proyectos de obra pública que concurren a las licitaciones llegan mucho más perfilados que en España, aunque ello ralentice algo la ejecución final de los mismos. "Hay que terminar con la práctica de algunas empresas que concurren a los concursos con bajas llamativas que más tarde procuran compensar a través de los modificados", abunda Rafael Simancas.

El Gobierno no se ha aplicado a esta tarea, impulsada personalmente por el ministro José Blanco, sin contar con las empresas del sector. De hecho, la reforma de la Ley de Contratos está siendo consultada con el presidente de Seopan, David Taguas, con las principales compañías constructoras, con Renfe y con el resto de las partes implicadas, según fuentes gubernamentales.