El Gobierno de Mariano Rajoy hará un nuevo ajuste presupuestario antes de que termine este año y sobre las cuentas de este ejercicio si existiese algún riesgo de incumplimiento del objetivo del déficit comprometido en el 6,3%. Así lo recoge el documento de medidas presupuestarias hasta 2014 aprobado el viernes en Consejo de Ministros y enviado a Bruselas, y que es la base del presupuesto bianual exigido por las autoridades comunitarias para ampliar un año más el plazo de consolidación fiscal.
Para garantizar el compromiso del 6,3% de este ejercicio, el Gobierno admite que ha tenido que realizar ajustes en sus cuentas y anticipar decisiones destinadas a ejercicios posteriores, así como una no disponibilidad presupuestaria de 600 millones aprobada el 20 de julio pasado.
Para el ejercicio de 2103 recuerda que el objetivo de estabilidad fija un déficit del 3,8% para la administración central del Estado, con un techo de gasto de 162.792 millones de euros, en los que deben estar incluidos el incremento de intereses de la deuda pública y las nuevas aportaciones a la Seguridad Social para mantener su equilibrio presupuestario.
Por ello, para cumplir con ese techo, el gasto no financiero disponible para los ministerios debe reducirse en un 12,2%, unos 4.300 millones de euros, que supone la congelación de la oferta de empleo público, un recorte de la inversión en Defensa del 15%, y una revisión total de las transferencias corrientes y de capital en todos los capítulos, hasta reducirlas en un 25%, que supone otros 3.530 millones de euros.
La mayor parte de la carga del ajuste se concentra en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que en total tendrán que aportar un recorte de 28.734 millones: 10.367 millones de euros en 2013 y de 18.367 millones en 2014, según el documento del Gobierno enviado a la Comisión Europea. El mayor esfuerzo se concentra en sanidad y educación (comunidades autónomas), con 6.267 millones de euros en 2013 y 9.267 en 2014.
En el caso de las ayuntamientos, el Gobierno fija un calendario para la eliminación de las estructuras empresariales. Se amplía hasta diciembre de 2014 el plan de saneamiento para reducir el déficit en las empresas municipales; si en tal fecha no se hubiese logrado, tendrán siete meses para disolver las empresas con déficit, y si no lo hicieran, la disolución será automática el 1 de agosto de 2015. En paralelo se prohíbe crear nuevas sociedades.
Vivienda y peajes
En materia de vivienda el Gobierno suprime la ayuda destinada a subsidiación de préstamos contenida en los planes estatales de vivienda, y se reduce el importe de la ayuda que se paga en concepto de renta básica de emancipación para jóvenes en un 30%. Fomento elimina también la subvención del 7% a los peajes de las autopistas aprobado en 1999, y que las concesionarias recibían posteriormente del Presupuesto. En la práctica esta medida supone una subida del 7% en las cuantías de los peajes. Entra en vigor en 2014 y supone 70 millones.
