El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros tendrá hoy una segunda parte que recibirá el visto bueno del Gobierno. Se trata de un informe en el que se detallan las modificaciones legales necesarias para endurecer las sanciones a los defraudadores recogidas, sobre todo, en el Código Penal y en la Ley de Infracciones en el Orden Social (Lisos).
Según fuentes de la Administración, el aumento de la cuantía de las multas económicas "será cuantioso", con el fin de desincentivar al máximo el fraude tanto entre los empresarios como entre los trabajadores. El interés del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace que el Consejo de Ministros inicie hoy los trámites de estas modificaciones legales a pesar de que la reforma global del Código Penal no está prevista hasta junio o julio. En la actualidad, los artículos 307 y 308 de dicho Código Penal recogen sanciones de entre uno y cinco años de cárcel para aquellos que defrauden más de 120.000 euros en un año natural por impago de cotizaciones a la Seguridad Social o cobro indebido de bonificaciones. En estos casos las multas son "del tanto al séxtuplo de la citada cuantía".
Por su parte, las actuales multas en materia de relaciones laborales y empleo, Seguridad Social, trabajo de extranjeros y obstrucción a la acción inspectora van desde los 60 a 625 euros de las infracciones leves; de 626 a 6.250 euros, las graves; y de 6.251 a 187.515 euros las muy graves.
Dicho todo esto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya avanzó la pasada semana que como novedad los empresarios defraudadores deberán devolver íntegramente las cuotas impagadas o las bonificaciones obtenidas irregularmente para evitar responsabilidades penales. El Gobierno también realizará hoy las modificaciones legales necesarias en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el terreno exclusivo del fraude en la prestación por desempleo, fuentes socialistas esperaban ayer que el Ejecutivo aumente los casos en los que se comete fraude de ley o incluso que endurezca el acceso a estas ayudas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene previsto también anunciar otros cambios en materia de sanciones en el sector del comercio.
Por otro lado, se esperaba que esta semana se debatieran en el Consejo de Ministros las medidas en el ámbito de la tarificación de infraestructuras, como la implantación de peajes en las autovías. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer que el Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión al respecto. "Eso no va a ningún Consejo de Ministros", aseguró ayer en el acto de toma de posesión del presidente del Consejo de Estado. "No hemos hablado de ese asunto; eso no va a ningún Consejo de Ministros; lo he leído, pero el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre ese asunto", manifestó. El propio secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, se ha mostrado públicamente partidario de que las autovías las paguen quienes las utilizan con su vehículo, al igual que en Francia o Alemania. El secretario de Estado se inclina por cobrar a quienes utilizan la red de autovías para sufragar su mantenimiento, al considerar que no deberían pagar por ello los ciudadanos que utilizan el transporte público.
En el ámbito también de las infraestructuras, Fomento y Renfe ultiman un plan para liberalizar los servicios ferroviarios nacionales de pasajeros, que hoy explota en exclusiva el operador público. Este plan gira en torno a dos ejes. Por un lado, Fomento convocará a partir de 2013 un número todavía no definido de concursos para franquiciar todos o la mayoría de los doce núcleos de cercanías que actualmente opera Renfe, junto a algunas líneas regionales. Por otro lado, el Gobierno pretende introducir operadores distintos de Renfe en los principales corredores del tren de alta velocidad AVE y de las líneas de largo recorrido.
Lo que sí adelantó Rajoy es que el Gobierno sí aprobará "en no mucho tiempo", aunque no esta semana, un plan de privatizaciones. En línea con las reformas de la administración que ya ha anunciado su Gobierno, el presidente abogó por buscar más eficacia y eficiencia, mejorar la coordinación y el reparto de competencias y eliminar "duplicidades innecesarias y solapamientos indeseables".
El Gobierno es partidario incluso de la supresión de entidades y organismos "que no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
El PSOE plantea subir el gasto en 5.900 millones
El PSOE intentará en el trámite parlamentario torcer el signo de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 con una batería de enmiendas parciales que suponen un incremento del gasto en 5.900 millones de euros. Esta cantidad se reparte en tres áreas principalmente: gasto productivo (I+D y educación), con 2.055 millones; el social (sobre todo empleo), con 2.532 millones; y las inversiones territoriales comprometidas en los estatutos autonómicos, en total 1.250 millones. El PSOE propone además la eliminación de la amnistía fiscal y del recargo temporal en el IRPF, con lo que se dejarían de ingresar 5.800 millones adicionales.
Para compensar estos 11.700 millones (fruto del incremento de gasto y la reducción de ingresos), los socialistas plantean establecer un suelo del 15% en el tipo aplicable en el impuesto de sociedades, un tributo a las grandes fortunas, la supresión de las deducciones por compra de vivienda a partir de 24.000 euros, la limitación de los gastos financieros deducibles en sociedades y la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal. El portavoz de Economía, Valeriano Gómez, explicó ayer que hay "alternativas" al rumbo marcado por el Gobierno, que ha dejado claro que no aceptará enmiendas que supongan un incremento de gasto. Según Gómez, hay 11.500 millones en los Presupuestos "que no están bien fundamentados" bien por tratarse de ingresos sobreestimados o por gastos sobreestimados. Citó, por ejemplo, que la partida destinada a cobertura por desempleo desciende el 5% cuando el número de demandantes del seguro crece a tasas del 18%, informa Borja Guerrero.
