El proyecto de ley respetará las competencias de las comunidades autónomas sobre la autorización para establecimientos comerciales.

Además, según el Gobierno, se incrementará la seguridad jurídica, se reducirán costes para quienes quieran abrir un negocio y se generará más empleo.

El anteproyecto, que responde a la directiva comunitaria que exige la adaptación de la normativa de los Estados miembros, suprime la definición de gran establecimiento comercial y no hace referencia a los metros del nuevo establecimiento, cuya autorización sólo dependerá del impacto que tenga en el medio ambiente, del entorno urbano y de la conservación del patrimonio.