El Gobierno destinará pisos de la banca al alquiler social para desahuciados

La "alarma social", en palabras del primer ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha generado el drama de los desahucios hipotecarios ha llevado al Gobierno a actuar de urgencia para dar un techo a las familias desalojadas y paralizar durante dos años los nuevos embargos, siempre en el caso de colectivos especialmente vulnerables. "El objetivo del Gobierno es que nadie se vaya de su casa", resumió Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del jueves, evitando estimar el número de potenciales beneficiarios de la iniciativa.

La medida es fruto de la labor del grupo de trabajo formado por Ejecutivo y PSOE ante la presión social desatada por las 400.000 familias desahuciadas desde que arrancó la crisis y los recientes casos de suicidios de afectados. La oposición, no obstante, se ha desmarcado de un acuerdo a la espera de que la tramitación parlamentaria de la norma introduzca cambios permanentes y de calado en la legislación hipotecaria.

El Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que entrará en vigor el sábado, paraliza durante dos años los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para familias en determinados supuestos: numerosas; monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.

Para acogerse a la suspensión, no obstante, a cada grupo se le exigirán tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria le haya crecido al menos 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.

Los beneficiarios, podrán permanecer en sus hogares durante dos años sin coste ninguno.

Pasado dicho plazo el desahucio podrá ser ejecutado, si bien el Ejecutivo confía en que la recuperación económica se encargue de paliar el drama. La medida, en todo caso, no será retroactiva y protegerá solo a las familias cuyo "lanzamiento", fase final del desalojo, se tramite a partir del sábado. Economía confía, no obstante, en que las entidades eviten cualquier desahucio.

En paralelo, el decreto da un mandato al Gobierno para que empiece a negociar con la banca la constitución de "un fondo social de vivienda" que se alquile por una "renta baja" a las familias ya afectadas por desalojos. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial hablan de 350.000 casos a 2012 si bien cálculos asumidos por el PSOE elevan la cifra hasta las 400.000 familias.

Tanto oposición como Ejecutivo han destacado, sin embargo, que no hay un registro fiable de ejecuciones hipotecarias que discrimine entre los embargos de primera y segunda residencia. El parque de vivienda para alquiler social, no obstante, se dirigiría solo a determinados colectivos sobre estos afectados, si bien los umbrales no han sido fijados.

Las viviendas utilizadas a tal fin no serán las del banco malo, sino las de la banca sana y las de las entidades nacionalizadas, que conservarán los inmuebles de menos de 100.000 euros. Las condiciones del alquiler y el coste, que absorberán las entidades, están por definir en la negociación con el sector. Desde Economía avanzan que el uso del stock de la banca dependerá de las necesidades regionales de los afectados por desalojos.

Una importante novedad es que el coste del conjunto de medidas adoptadas corre por cuenta de la banca, como se encargó de reseñar la patronal AEB que, como la CECA, mostró su apoyo al Gobierno y sus recelos ante futuros cambios legislativos más permanentes.