Los responsables del Gobierno lo han negado públicamente una y otra vez: no bajarían el sueldo otra vez a los empleados públicos. Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, acaba de admitir que el Gobierno está "estudiando" la reciente recomendación de Bruselas de bajar el sueldo a los trabajadores del sector público. A este respecto ha añadido que el Ejecutivo: "tomará las decisiones precisas si tiene que tomarlas".
Sin embargo, apenas una hora después de hacer estas declaraciones, el Departamento que dirige Beteta ha enviado un comunicado desmintiendo que haya dicho que el Ejecutvio esté estudiando esta medida, "en contra de lo publicado por diversas agencias de comunicación que hacen una interpretación errónea de unas declaraciones públicas".
Según estas declaraciones hechas tras reunirse con representantes de las patronales CEOE- Cepyme, y recogidas por Europa Press, Beteta precisó, no obstante, que "el Gobierno no ha tomado ninguna decisión" al respecto, pero que lo hará "prontamente".
"En el momento en que se tomen las decisiones será informado quien tenga que ser informado", ya sean los representantes de las comunidades autónomas o los sindicatos de la función pública, añadió el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Estas declaraciones se producen después de que el pasado 19 de junio, Beteta sostenía ante la Comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública que el Ejecutivo elegiría "cualquier medida antes que la reducción de salarios" a este colectivo. Algo que también trasladaron privadamente los responsables de su departamento a los dirigentes del sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F, con quienes tienen el compromiso de no acometer una nueva rebaja.
El salario de los empleados públicos sufrió un recorte del 5% de media en junio de 2010, con el primer paquete de medidas de ajuste del gasto, inspirado por Bruselas, y adoptado por el anterior gobierno socialista. Posteriormente, en 2011 y 2012 estas retribuciones han sido congeladas con el recorte. Asimismo desde hace dos años se ha suspendido la aportación estatal al plan de pensiones de los funcionarios. En general, según los cálculos de CSI-F los empleados públicos han perdido alrededor de un 24% de poder adquisitivo en los últimos cuatro años.
Desde el CSI-F aseguran que "no aceptarán una nueva rebaja de los salarios" y que si, finalmente se produce, sea del tipo que sea, "no descartan ninguna medida de presión", en clara referencia a la convocatoria de una huelga general en el sector público. En cualquier caso, fuentes de esta central sindical añaden que "no se mueven por globos sonda" y que esperarán a que el Gobierno les comunique su decisión para tomar medidas.
