El Ejecutivo está dispuesto a que no sólo las grandes empresas gasten dinero en actividades de investigación e innovación. Para ello ha incluido dentro del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, aprobado en el Consejo de Ministros, un programa de apoyo a las jóvenes empresas innovadoras, con una dotación de 66 millones de euros.

Para acceder a estas ayudas, las empresas deberán presentar previamente un plan de I+D en el que deben justificar que cumplen todas las condiciones que se solicitan. Las destinatarias de esta iniciativa deberán ser empresas jóvenes (menos de seis años de existencia), tener un alto porcentaje del personal investigador en su plantilla (como mínimo el 35% de los trabajadores) y contar con una 'intensidad tecnológica elevada' (dedicar al menos el 15% de sus gastos totales). Las empresas que opten por esas ayudas con carácter plurianual presentarán un memoria anual en la que justifiquen que cumplen los requisitos.

El plan incluirá además el programa Severo Ochoa de la contratación estable de científicos de alto nivel para nuevas líneas de investigación.

El Plan Nacional contará con una dotación económica global (computadas todas las ayudas previstas, entre ellas las que se recibirán de Europa) de 47.700 millones de euros para los próximos cuatro años, lo que supone, según la vicepresidenta del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega, un incremento de la inversión publica de casi el 100% respecto al cuatrienio anterior.

El objetivo principal es reducir la diferencia de España con las economías avanzadas en I+D+i. Con el aumento de inversión (las estimaciones prevén que el gasto estatal y autonómico en esta materia crecerá un 16%), el Ejecutivo espera que se dedique el 2,2% del PIB a I+D+i en 2011, aún lejos de los objetivos de la Agenda de Lisboa (que preveía que el gasto de los países miembros de la UE en esta partida llegaría al 3% del PIB en 2010).

Implicación privada

El segundo gran objetivo es la implicación de la empresa privada en las tareas innovadoras, de tal manera que aporte el 55% de los fondos y que ejecute como mínimo el 60%.

Otra de las novedades aprobadas es el traslado de la gestión del fondo Euroingenio al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Industria, para elevar hasta el 8% los retornos que consiga España de todos los proyectos europeos en los que participa. En el Consejo de Ministros también se presentó un informe en el que se analiza la conversión del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Agencia Estatal, con el objetivo de mejorar la competitividad y los resultados a nivel internacional. La carrera profesional de los organismos públicos de investigación (OPI) se va a rediseñar para hacerlos más atractivos a los jóvenes.

En el Consejo de Ministros también se analizó otro informe en el que se detallan las actuaciones realizadas en los últimos tres años en materia de investigación, desarrollo e innovación.

Entre ellas destaca el programa Cenit, gestionado por el CDTI para crear conglomerados de pymes, grandes empresas y centros de investigación que trabajen en tareas de I+D+i. Desde que arrancara el programa, el Ejecutivo ha comprometido 580 millones de euros en su financiación.