Sindicatos y partidos de la oposición arremetieron contra el Ejecutivo durante la semana pasada con críticas que se han extendido a lo largo del fin de semana para exigir la prórroga del Plan Prepara, una ayuda de 400 euros mensuales que, a día de hoy, cobran 200.000 personas.
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha señalado esta tarde que el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre la prórroga de la ayuda para desempleados de larga duración, pero que "la clave está en conseguir empleo" y que su partido va a utilizar "cualquier instrumento que podamos poner en favor de la solidaridad tenga también un itinerario para que cada uno podamos decidir en el futuro sobre nuestro propio destino porque hayamos sido capaces de encontrar empleo". Estar inscrito en programas de formación especializada, orientación laboral o búsqueda de empleo ya es un requisito en la forma actual de la subvención.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aseverado por su parte que el Gobierno está en estos momentos evaluando la prórroga.
La supresión de la ayuda de 400 afectaría a unas otras 600.000 personas al año, según han denunciado esta mañana los sindicatos. Serían parados de larga duración que hayan agotado todas las subvenciones o prestaciones posibles, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional e inscritos en programas de inserción laboral.
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Alfonso Alonso, y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, se han convertido en el parachoques de los ataques al Gobierno, pero la exigencia del PSOE para que el Ejecutivo convoque un Consejo de Ministros extraordinario para prorrogar la ayuda no cesa. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado esta mañana que promoverá una iniciativa legislativa popular para conseguirlo.
"[El Gobierno] dice que lo está mirando y mantiene a la gente en una incertidumbre intolerable porque es gente que no tiene otra cosa para subsistir", ha señalado Rubalcaba.
Alonso ha asegurado que "estaría bien" aprobar "de urgencia" una alternativa a la ayuda para los parados sin subsidio, pero que hay que ver primero si el presupuesto lo permite. "Los 400 euros están sirviendo para pagar a los desempleados de Zapatero", ha condenado en una entrevista a Europa Press, para criticar después que lo que se había concebido como una ayuda se ha convertido en un subsidio. "Como programa de inserción no está funcionando y, sin embargo, realiza un programa de cobertura social", ha insistido.
A su juicio, el Gobierno debe hacer "una evaluación" del llamado Plan Prepara antes de decidir sobre su futuro. Wert, por su parte, se aferra a la estadística y alega que en los primeros meses, un 20% de sus beneficiarios encontraba trabajo, ahora solo lo hace un 6%. La medida entró en vigor en febrero de 2011, pero el número de parados ha aumentado en más 850.000 personas entre junio del año pasado y el mismo mes de este año, según datos del Instituto Nacional del Estadística.
"Utilizar como coartada la falta de inserción laboral para suprimirla nos parece intolerable, humillante e injusto", aseguró el responsable sindical Cándido Méndez, secretario general de UGT, que recordó que "no hay empleo" porque "las propias decisiones del Gobierno y la situación económica lo imposibilita".
"La protección social de los que se encuentran en una situación más complicada es una prioridad absoluta del Estado", ha declarado Wert en una entrevista a Onda Cero esta mañana donde ha abogado por una "reconversión" del Plan Prepara "para conseguir que sea más eficaz en su objetivo" de poner a los desempleados en "mejor disposición" para conseguir un puesto de trabajo.
El mismo Ejecutivo ya extendió seis meses la validez del plan ideado por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2011, en principio previsto para un año, como una medida excepcional para estimular que los parados se reincorporaran en el mercado laboral en un momento en que el desempleo alcanzaba ya cifras récord. Su suspensión pasado mañana solo afectaría a nuevos beneficiarios, es decir, aquellos a los que se les acabe la prestación a partir del 16 de agosto.
