Aunque las peticiones no se han suscrito de forma oficial, los teléfonos de Economía y Hacienda no han parado de sonar. A la pregunta de cuáles serán las condiciones bajo las que se concederán los créditos a las regiones que lo soliciten, la respuesta es siempre la misma: "Todavía no hay nada oficial, estamos estudiándolo". En la Generalitat, por su parte, también se muestran lacónicos e inciden en que hay que esperar al resultado de las negociaciones entre el Gobierno y los representantes autonómicos.
Dado que se trata de un mecanismo de financiación novedoso, los protocolos de acción todavía no están claros y ni siquiera existe acuerdo en cuanto a los términos adecuados para referirse a este asunto. Solicitud de ayuda financiera, petición de liquidez, intervención, rescate... Sirva como ejemplo de esa falta de acuerdo lo que dijo ayer Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, segunda comunidad en admitir que recurriría al fondo: "Creo que no es afortunado aplicar el término rescate a quien simplemente pide refinanciación a un interés menor que el que se consigue en los mercados". Y, aunque políticos y medios de comunicación esgriman unos términos u otros, de la letra pequeña de los futuros acuerdos, nadie sabe aún casi nada. Ni de los intereses de los préstamos ni de los plazos de devolución ni, por supuesto, de las condiciones concretas de ajuste que el Gobierno impondrá a las comunidades que soliciten la ayuda. Lo que sí queda claro, a la vista del texto del decreto ley aprobado por el Gobierno, es que las autonomías tendrán que presentar al Ministerio de Hacienda un buen fardo de documentos. Entre ellos, un calendario detallado con los vencimientos de deuda y con los ingresos y gastos previstos, que irá acompañado de un nuevo plan de ajuste que garantice tanto la viabilidad presupuestaria como la devolución de los préstamos en el plazo que se estipule. En caso de haber riesgo o evidencia de incumplimiento de lo pactado por parte de alguna autonomía rescatada, la Intervención General del Estado enviará una "misión de control" para revisar a fondo sus cuentas y reconducir sus planes de ajuste si fuera necesario.
Otras posibles candidatas
La primera autonomía en confirmar su adhesión al fondo de liquidez fue la Comunidad Valenciana y poco después lo hizo Murcia. El martes pasado se les sumó Cataluña y, aunque desde Aragón se insinuó también esa posibilidad, su consejero de Hacienda, José Luis Saz, confirmó ayer que no prevé pedir ayuda. Y tampoco lo hará Galicia, que, según declaraciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no lo necesita gracias a que ya colocó el 50% de su deuda autorizada en el primer cuatrimestre del año. El País Vasco reveló ayer que ha logrado un crédito con el BEI de 460 millones en condiciones "muy ventajosas".
Sobre lo que sucederá con el resto, de momento todo son dimes y diretes. Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Baleares, Madrid, Navarra y Melilla han declarado que no piensan recurrir al fondo. Sin embargo, si se atiende a la enorme disparidad entre las cifras de déficit autonómico y los objetivos fijados por la UE, es probable que a Cataluña, Murcia y Valencia se les vayan sumando algunas más. Y ese día los teléfonos volverán a sonar.
Cataluña pide una Hacienda propia
El Parlamento catalán acordó ayer pedir al Gobierno central una Hacienda propia, como tienen Navarra y el País Vasco. La medida supondría en la práctica que el Estado dejaría de recaudar impuestos en la comunidad. Con la oposición del PP y la abstención del PSC, la cámara regional aprobó la propuesta de nueva financiación de la Generalitat, que incluye la solicitud de una Hacienda propia.
Aprobado con los votos de CiU, ERC e ICV, el documento defiende que los sistemas de financiación de la Generalitat "no han permitido resolver los problemas de fondo" de Cataluña y reivindica un cambio de modelo. Critica, además, "la sistemática falta de lealtad institucional por parte de la Administración central". Con un nuevo "pacto fiscal", la comunidad lograría "la plena capacidad de decisión sobre todos los tributos soportados" y permitiría a la región "disponer de los recursos económicos que Cataluña genera como país" a la vez de "garantizar la lealtad", expone el texto aprobado.
Artur Mas, presidente de la Generalitat, recalcó que esta propuesta al Ejecutivo de Madrid "no es un capricho ni una jugada de oportunismo político, sino una necesidad". La aprobación del texto se produce un día después de que el Gobierno catalán reconociera tácitamente que se adherirá al Fondo de Liquidez Autonómico, al ser incapaz de cumplir con sus compromisos de pago.
Mas cree que la propuesta de financiación da "respuesta a casi todas las necesidades y retos del momento" sin "vulnerar la Constitución". El presidente explicó que requeriría modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y que permitiría a Cataluña tener un déficit cero (en 2011, fue del 3,72% del PIB).
Las cifras
3,72% fue la cifra de déficit que registró Cataluña el año pasado.
8% fue el déficit fiscal medio de la economía catalana entre 1986 y 2009, según las estimaciones de la propia Generalitat.
21% del PIB era la deuda que tenía Cataluña en el primer trimestre de 2012.
