El Gobierno centra su plan reformista en una treintena de leyes para el año

Prácticamente todos los miembrosdel Ejecutivo han anunciado el inminente inicio de la elaboración de anteproyectos para su aprobación en el Consejo de Ministros. Ante la constatación de una desviación de los objetivos de déficit para 2011 de dos puntos sobre la cifra recogida en el Pacto de Estabilidad y la confirmación por parte del Banco de España y el FMI de que España está a las puertas de una recesión, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anunció el 24 de enero en el Congreso que el Ejecutivo adelantaba su calendario legislativo. Los pilares básicos de plan reformista del Gobierno son la presupuestaria, la financiera y la laboral, que se han aprobado por este orden en los tres últimos Consejos de Ministros. Esta voracidad legislativa del Gobierno -28 proyectos de nuevas leyes- se anuncia en plena restricción presupuestarias para reducir el déficit.

El departamento de Cristóbal Montoro concreta su agenda de reformas en dos leyes, una para el equilibrio de las cuentas públicas y otra de estímulo de la actividad. La primera es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, cuyo anteproyecto ya ha aprobado el Consejo de Ministros y estudia ahora el Consejo de Estado, paso previo a remitirse a las Cortes. Básicamente, el Gobierno quiere implantar el déficit cero a partir del 2020 en todas las administraciones, salvo situaciones excepcionales en que puede llegar al 0,4%. En línea con esta ley, Hacienda ya ha hecho un primer ajuste de 15.000 millones para 2012 a la espera de un nuevo recorte en los Presupuestos. El Gobierno no piensa solo en el ajuste y prepara una Ley de Emprendedores, que recogerá un paquete de estímulos para autónomos y pymes. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas quiere también modificar el impuesto de sociedades y el IRPF. En el ámbito de las administraciones públicas, se elevará a rango de ley el estatuto del personal funcionario.

El Ministerio de Economía ya ha lanzado la reforma del sistema financiero, que obliga a los bancos a elevar las provisiones sobre los activos tóxicos, cifrados en 175.000 millones de euros. El ministro Luis de Guindos anunció una ley para suprimir trabas al pequeño comercio, que supondrá la eliminación de las licencias previas de obra y apertura para no retrasar decisiones que pueden suponer inversión y empleo. Esta regulación se elaborará en colaboración con las comunidades, cuyas competencias no pretende invadir, y los ayuntamientos.

El área de Fátima Báñez ha elaborado la reforma laboral del pasado viernes, que pretende marcar "un antes y un después" en España. Abarata el despido, otorga mayor flexibilidad interna a las empresas para hacer ajustes por vías alternativas a la reducción de plantilla y bonifica la contratación de jóvenes. Al margen de esta reforma parcial del mercado laboral, el Ministerio de Empleo trabaja en dos leyes nuevas, una para crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social y otra para regular las mutuas de trabajo.

La vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz también tiene una tupida agenda legislativa por delante. Ha anunciado cuatro nuevas leyes. Antes de junio enviará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se complementará con una Ley Orgánica de Buen Gobierno, con la que se modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de recursos públicos. Pero también regulará el funcionamiento de los organismos reguladores y del Tribunal Constitucional. Hay, además, reformas parciales en cartera de la Ley de Financiación de Partidos y de Subvenciones.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha comprometido una reforma del sector eléctrico. Por el momento, ha parado las ayudas públicas al crecimiento del parque de energías renovables.

El titular de Justicia es el que tiene el programa legislativo más amplio, nada menos que seis nuevas leyes. Su departamento tiene un presupuesto muy ajustado, pero está convencido en atacar las deficiencias que arrastra el sistema judicial español, reduciendo el número de asuntos que ingresan en todas las jurisdicciones cada año. Alberto Ruiz-Gallardón pretende aprobar una Ley de Jurisdicción Voluntaria, que otorgará a notarios y registradores nuevas funciones ahora en el ámbito judicial. Esta ley ya la promovió el Gobierno socialista pero no finalizó el trámite parlamentario. Sucede igual con otras dos que Gallardón quiere impulsar, la de Mediación y la de Enjuiciamiento Criminal. En este último caso el ministro no ha dejado claro que la instrucción vaya a recaer en el fiscal. Asimismo, se elaborarán las leyes del Poder Judicial, Planta y Demarcación Judicial y se reformará el Código de Comercio. Ruiz-Gallardón quiere tocar también la regulación del aborto, la del menor, la que fija el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, la concursal y la de juicios rápidos.

El departamento de Ana Pastor, que ha planteado una inversión de 225.000 millones en doce años, trabaja en tres nuevos proyectos legislativos para regular la captación de recursos para infraestructuras en mercados de capitales, ordenar los transportes terrestres y reforzar los controles sobre las aerolíneas. Pero también tiene previsto modificar aspectos de las regulaciones de expropiaciones forzosas, autopistas de peaje, arrendamientos urbanos y edificación.

Uno de los grandes focos reformistas del Gobierno está puesto en la educación. El departamento de José Ignacio Wert tiene en previsión elaborar cuatro nuevas leyes sobre el Estatuto del Personal Docente, Propiedad Intelectual, Mecenazgo y la Biblioteca Nacional. Pero también quiere modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), la del Cine o la de FP.

El principal punto en la agenda legislativa del Ministerio de Sanidad, al frente del cual está Ana Mato, es el anteproyecto de Ley de Servicios Básicos para garantiza una prestación mínima sanitaria en todo el territorio. En esta norma el Gobierno quiere incluir un nuevo modelo de gestión del gasto farmacéutico y un nuevo modelo de desarrollo profesional.

Mato busca también modificar la Ley de Atención a la Dependencia para establecer un baremo único de evaluación de los beneficiarios y cambiar los criterios que cifran la cuantía de las ayudas.

Por su parte, dos nuevas regulaciones son las que prepara el departamento de Miguel Arias Cañete, una sobre integración de las explotaciones agrarias y una segunda sobre la mejora de la cadena alimentaria. No obstante, el proyecto que más expectación levanta es la reforma de la Ley de Costas.

La reforma que plantea Agricultura busca mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas".

El ministro del Interior impulsará dos leyes, una de Cooperación con Policías Locales y otra de Cooperación entre Administraciones en Protección Civil.