El cambio de discurso de los miembros del Gobierno en las últimas semanas es notorio. Se ha pasado del "España cumplirá el objetivo de déficit" al "España se aproximará al objetivo de déficit". El matiz, introducido ayer por Fernández Currás, muestra que Hacienda da por descontado que el conjunto de la Administración Pública rebasará el compromiso de cerrar el año con un déficit del 6,3%. Su máxima prioridad ahora es lograr que no sobrepase el 7% del PIB. Esa es la línea invisible que, en caso, de cruzarse puede generar un dudo castigo de los mercados y deteriorar la credibilidad del Gobierno.
El déficit del Estado hasta noviembre alcanzó el 4,37% del PIB, medio punto inferior al registrado en el mismo período del año anterior. Sin embargo, Hacienda confiaba en situar esa cifra por debajo del 4% para así compensar el previsible desfase de la Seguridad Social, que podría alcanzar el 1% del PIB (10.500 millones). El objetivo de déficit conjunto de la Administración central y de la Seguridad Social es del 4,5%, un umbral que, con los datos actuales, es previsible que se superen.
Sin embargo, Hacienda ha puesto toda su confianza en el mes de diciembre, cuando se produce el tercer pago fraccionado del impuesto sobre sociedades y se contabilizará la supresión de la paga extra de los funcionarios, entre otras medidas de calado. Además, Currás señaló que noviembre es un mes en el que no se producen ingresos relevantes y, en cambio, se concentran una gran proporción de la ejecución del gasto.
Los ingresos por IRPF alcanzaron hasta noviembre los 65.910 millones, solo un 1% más que en el mismo período del año anterior. A pesar de la subida del IVA, la recaudación del principal impuesto indirecto se mantiene un 1,9% por debajo de lo recaudado en 2011, en línea con las previsiones de Hacienda. La buena noticia para la Agencia Tributaria es que el impuesto sobre sociedades aportó a las arcas públicas 17.190 millones, un 17,7% más. Ello se debe a los múltiples cambios introducidos a lo largo del año como la supresión de beneficios fiscales o el incremento de los pagos fraccionados.
La Administración central gastó hasta noviembre 136.056 millones, un 0,1% más. Este mínimo aumento se explica en buena parte por el incremento registrado en el capítulo para pagar los intereses de la deuda pública. Los gastos financieros alcanzaron los 25.537 millones, un 16,3%.
Por otro lado, el informe de la Agencia Tributaria muestra el fracaso que ha supuesto la llamada amnistía fiscal para las empresas y que permitía repatriar dividendos de filiales ubicadas en paraísos fiscales pagando un tipo del 8% o, en caso de no cumplir ciertos requisitos, del 10%. Hacienda confiaba recaudar 1.050 millones y solo ha logrado 85 millones. Aun así, es cierto que los datos del informe solo alcanzan hasta el 21 de noviembre y el plazo para repatriar ese dinero finalizó el 30 de noviembre.
El PSOE reclama fiscalizar la amnistía tributaria
El PSOE reclamó ayer que el Tribunal de Cuentas fiscalice la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en marzo y finalizo el pasado 30 de noviembre. Durante el debate de las enmiendas al texto del proyecto de Ley de medidas tributarias que ayer se aprobó en el Congreso con la mayoría del PP, el diputado y portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, anunció el registro de esa propuesta que deberá ser debatida y votada por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
El diputado socialista exige conocer la recaudación aflorada por la amnistía fiscal y la repatriación de dividendos de los paraísos fiscales y consideró que con esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo del PP se produce una "injusticia impositiva", ya que "hay mucha gente que está pagando el coste de la salida de la crisis".
Por otra parte, el Congreso aprobó ayer la reforma del Código Penal que endurece el castigo para los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. Actualmente, los fraudes tributarios que superan los 120.000 euros se consideran delitos y están penados entre uno y cinco años de cárcel. Ahora, se establece un tipo agravado para los fraudes superiores a 600.000 euros o que se lleven a cabo a través de tramas empresariales, organizaciones criminales o testaferros. En estos casos, la penas de cárcel serán de entre dos y seis años y el plazo de prescripción se amplía de cinco a diez años. Además, la reforma del Código Penal también agiliza el cobro de las deudas tributarias de contribuyentes inmersos en procesos penales. Respecto a la Seguridad Social, se endurecen los castigos para las empresas que tengan en su plantilla a trabajadores sin estar dados de alta.
