En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández De la Vega señaló que el real decreto pretende mejorar la liquidez de las pymes y evitar que ninguna empresa tenga que reducir capital o disolverse como consecuencia de la crisis.

Además, tiene como objetivo subsanar las necesidades de financiación de capital circulante de las empresas que siendo solventes y viables no pueden acceder a los créditos.

Asimismo, la vicepresidenta señaló que se incrementa el límite de endeudamiento del ICO desde los 12.500 millones previstos para 2009 hasta los 27.500 millones con el objetivo de atender las financiación de las nuevas líneas de crédito que se están poniendo en marcha.

El real decreto también contiene varias reformas del ordenamiento jurídico mercantil, como la modificación del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que ayudará a las empresas a hacer frente a las dificultades que se están planteando en estos momentos por la depreciación de sus activos.

Así, de manera excepcional, y sólo durante dos años, la disminución del patrimonio neto de una empresa por la depreciación del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contemplan la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

También se modifica el artículo 36 del Código de Comercio para que las variaciones de valor en los instrumentos utilizados en las operaciones de cobertura de flujos de efectivo no se consideren pérdidas a los efectos de reducción de capital, distribución de beneficios y causa de disolución.