"Es un texto que busca salvaguardar la dignidad de la mujer, ese es su espíritu de principio a fin", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial que se celebró el jueves por ser fiesta el viernes en Madrid.
"Emocionalmente y personalmente es un dilema muy difícil, una encrucijada muy difícil de afrontar, por eso hay que plantearlo en términos de seguridad", dijo sobre un anteproyecto que protege y garantiza en todo el estado los derechos de las mujeres que decidan abortar, y ofrece seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad que los practiquen.
La ley de plazos que introduce como novedad la reforma establece que el aborto sea libre hasta las 14 semanas, y lo permite hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la "vida o salud" de la madre o graves anomalías en el feto y sin límite médico con anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad muy grave e incurable siempre y cuando varios especialistas lo consideren pertinente.
Otra gran novedad y el punto más polémico que incorpora el nuevo texto es permitir a las mayores de 16 años decidir por sí mismas, sin necesidad de autorización de los padres, interrumpir voluntariamente el embarazo.
El aborto pasa a ser un derecho, jurídicamente exigible, para dejar de ser una concesión del Estado tutelada, lo que supone un cambio drástico de concepción, contra el que prometen luchar las asociaciones provida.
"Para nosotros, lo peor es que se hable del aborto como un derecho y que sea libre", dijo Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, a Reuters.
"No descartamos ninguna medida, pero primero queremos leer el texto con detalle. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para impedir que esa ley entre en vigor. Y desde luego vemos cuestiones de inconstitucionalidad", manifestó.
Medida polémica
Los detractores de la ley creen que la nueva norma lo único que va a hacer es aumentar el número de abortos, que en España fue de 112.000 en 2007.
"El mensaje es que no pasa, no pasa nada (si se tienen relaciones sexuales), porque vas a abortar. No existe riesgo porque al final existe la fácil solución del aborto", dijo la doctora Gádor Joya, portavoz de la Plataforma Derecho a Vivir en RNE.
"No va a solucionar el problema del aborto en España, que viene aumentando ininterrumpidamente desde hace años, esté el gobierno que esté", dijo.
En el otro lado, sus partidarios lo consideran un avance social importantísimo, particularmente para las mujeres que pueden decidir por fin cuándo y cómo tener hijos, y defienden que la ley de plazos es algo que ya regulado en la mayoría de países de nuestro entorno.
"(El texto) trata de diseñar una estrategia de política sexual y de reproducción humana, en la que la interrupción voluntaria del embarazo es solo una pata", dijo Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Y una parte importante de la estrategia es todo lo relacionado con la educación sexual y las políticas preventivas, como la anticoncepción a jóvenes e inmigrantes.
Dentro de esa línea, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció el lunes que la conocida como "píldora del día después" se podrá comprar en las farmacias del país sin receta médica y sin límite de edad en un plazo de tres meses.
El aborto se despenalizó en España en 1985 en tres supuestos: por una violación, por graves taras del feto o si hay peligro para la vida de la madre o su salud física o psíquica.
