Según ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con este decreto el Gobierno pretende "mejorar la formación y hacerla más profesional". Asimismo, ha destacado que el objetivo es "cambiar las fórmulas que permitan a más jóvenes tener una formación y que ésta esté más vinculada a la empresa", así como atender a los trabajadores "sin cualificación".
"Por primera vez se articulan de forma coherente y armónica dos ministerios para cambiar la manera de formar en España, adelantar el conocimiento de cómo funcionan las empresas, la entrada desde la edad más temprana a las mismas y la adaptación a otros europeos que están funcionando con buenos resultados en este momento", ha adelantado la vicepresidenta.
La primera parte del texto, la del contrato para la formación y el aprendiza, elaborado por el Ministerio de Empleo, regula un modelo alternativo a la educación reglada, que compatibiliza la formación con el trabajo, de manera que permite que un trabajador sin título pueda convalidar sus conocimientos con créditos de módulos de Formación Profesional de grado medio o superior.
La segunda parte, inspirada en el modelo alemán y desarrollada por el Ministerio de Educación, establece las bases de la Formación Profesional Dual en el sistema educativo, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. En este caso, serán las administraciones educativas autonómicas las encargadas de firmar convenios con las empresas donde los alumnos reciban formación práctica y remunerada.
Según ha explicado la ministra de Empleo y Seguridad, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta norma, de "carácter laboral y educativo", tiene como objetivo lograr una mayor formación y empleabilidad de los jóvenes, así como de conseguir que, "de verdad", la formación se adecue a las necesidades de los sectores productivos y de las empresas. Asimismo, ha advertido, de que "a menor formación, mayor tasa de desempleo" y a "mayor formación, mejor nivel salarial".
"No es un contrato basura"
Entre las principales novedades del Contrato para la Formación y el Aprendizaje, incluido con la Reforma Laboral y desarrollado a través de este decreto, se establece que éste debe formalizarse por escrito y tendrá una duración mínima de un año y máxima tres, pues más allá de este plazo el contrato deberá ser indefinido ordinario. Sólo hay una posibilidad de que sea de seis meses, si así lo pacta el convenio colectivo.
El objetivo, según Báñez, es conseguir esta cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral con formación en el empleo y la actividad formativa se traducirá en que obtendrán un certificado de profesionalidad entre los 585 que existen o un título de FP, entre los 100 que hay.
La ministra ha indicado también que este modelo contractual está orientado para los trabajadores entre los 16 y 30 años, debido a que la tasa de paro es "muy alta" entre este colectivo. Asimismo, ha indicado que se trata de un contrato de "máxima protección social", incluida la protección por desempleo, y no de un "contrato basura a los jóvenes.
El tiempo para la formación es un mínimo del 25% de la jornada laboral en el primer año y en los siguientes será del 15%. Los centros donde podrán recibir la formación son, indistintamente, los 6.000 de Formación Profesional, los 7.000 del sistema educativo o bien en la propia empresa, si tiene un centro homologado con los servicios de empleo estatales.
Los trabajadores con discapacidad podrán, entre otras cuestiones, ver ampliada la duración de su contrato hasta un máximo de cuatro años, en función de sus circunstancias personales y el 25% del tiempo de trabajo efectivo podrá dedicarse a rehabilitación, habilitación o ajuste personal o social.
El proceso formativo puede ser tanto presencial como telemático y las empresas tienen que nombrar a un tutor que se haga responsable del itinerario formativo del trabajador dentro de la compañía. Además, en las empresas de menos de 250 trabajadores, el Estado bonifica el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social y en el caso de que sean empresas con más de 250 trabajadores, se bonificará el 85%.
Cuando el trabajador termine este tipo de contrato y siga en la empresa con uno indefinido, seguirá bonificado el contrato por la Seguridad Social, de tal manera que se pagará 1.500 euros anuales durante los tres primeros años de contrato indefinido; cuando se trate de una mujer, esta cantidad asciende a 1.800 euros anuales.
FP dual: "Más empleabilidad cualificada"
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha explicado la otra pata del decreto, la FP Dual, que, a su entender, persigue una mayor "empleabilidad cualificada" entre los jóvenes españoles, así como reducir el abandono escolar temprano, que supera el 26% frente al 15% de la media europea.
La diferencia entre este nuevo sistema y el que actualmente se imparte en los ciclos de grado medio y superior es que ahora, la proporción entre el tiempo entre formación y prácticas es más amplio con la FP dual, pues aquí la formación en el centro de trabajo tiene que ser como mínimo del 33% y la duración de los ciclos pueden llegar hasta los tres años.
"Al final de este proceso, los estudiantes van a tener el mismo título que los del sistema vigente, pero durante este tiempo habrán estado adquiriendo una experiencia profesional que es un valor añadido", ha dicho el ministro, que ha señalado que se trata de "más vinculación con la empresa, más perspectiva de estabilidad y progresión en la carrera profesional".
El titular de Educación ha dicho que los convenios se realizarán entre las empresas y los centros de FP, al tiempo que ha señalado que la FP dual no supone un contrato laboral y que los alumnos no cuentan con Seguridad Social, ni un salario. No obstante, ha aclarado que, podrán acceder a becas, a cargo de la administración educativa o la empresa. Asimismo, ha indicado que algunas compañías han establecido "rangos de compensación" a los alumnos, que se mueven entre los 280 y los 500 euros.
Wert ha destacado la "flexibilidad" que se otorga a las comunidades autónomas para poner en marcha la FP dual, ya que el Gobierno sólo ha establecido unas bases, que pueden ser ampliadas por las administraciones. En este sentido, ha destacado el centenar de experiencias piloto puestas en marcha en varias comunidades.
