Nadie, ningún avispado analista, habría podido augurar que el stock de vivienda tardaría tanto tiempo en absorberse y menos que llegarían a formar parte de él las casas tradicionalmente más demandadas: los pisos de protección pública, más conocidos como VPO.
Fuentes del Ministerio de Fomento acaban de reconocer que existe un creciente número de estas viviendas que no encuentra comprador pese a haber contado con demanda casi infinita desde que empezó la actual política de vivienda pública a mediados de los años ochenta. Las mismas fuentes sostienen que no se puede dar una cifra fidedigna de a cuánto asciende dicho excedente porque varía mucho según las zonas del país.
Lo que sí ha detectado es porqué cada vez más titulares de estos inmuebles, al llegar el momento de la entrega de las llaves, renuncian a la compra. Por eso, "en algunos enclaves buena parte de las promociones desarrolladas se están quedando sin ocupar", aclaran fuentes cercanas al Departamento que dirige Ana Pastor.
Los problemas para acceder a la financiación explican, como en otros muchos ámbitos económicos, que se estén dilatando los plazos de adjudicación de numerosas promociones de VPO. Así, una de las reformas que introdujo el PSOE en la política de vivienda pública fue la creación de los registros de demandantes. Se perseguía con ello que los destinatarios de esta clase de viviendas acreditaran que de verdad sus rentas no les permitían comprar una casa en el mercado libre.
"Muchos se apuntaban al inicio de la promoción porque reunían los requisitos económicos vigentes, pero al cabo de los dos años como mínimo que dura la construcción, incluso el que ha conservado el empleo no resulta solvente para que el banco le conceda la hipoteca, por lo que muchos acaban por renunciar a su piso", explican en una promotora.
VPO más caras que las libres
Por ello, los expertos reclaman una readaptación de los precios de las VPO a la capacidad económica real que tienen ahora las familias. "Los adjudicatarios tienen serios problemas para acceder a los créditos o para hacer frente a los pagos de sus rentas. Sin embargo, existe una demanda importante y creciente de la vivienda protegida que se encuentra reflejada en los registros públicos. No hay más que ver el número de demandantes", asegura Pablo Olangua, presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).
Olangua asegura que hay que "readaptar los precios de estos pisos para agilizar los procesos de adjudicación y llegar a más solicitantes inscritos en los registros públicos". Y es que los precios de la vivienda libre y la VPO han seguido procesos opuestos. Mientras los primeros no han dejado de caer desde el estallido de la crisis en 2008, los otros están topados por ley y son las comunidades autónomas las que establecen sus subidas o bajadas.
En los años de la crisis el módulo de la VPO ha permanecido invariable y, en el mejor de los casos, solo se ha actualizado con la inflación. Por ello, se ha acortado significativamente la diferencia que existe entre comprar una casa a precio libre y otra protegida.
A principios de 2008, adquirir una vivienda en España costaba 2.101 euros el metro cuadrado, pero si se trataba de una casa de protección oficial, el precio bajaba a un promedio de 1.100 euros, es decir comprar una VPO era un 47,6% más barato. Ahora, esa diferencia se ha reducido a un exiguo 27% porque el metro cuadrado de VPO cuesta una media de 1.141,7 euros y el de una vivienda libre 1.565,6, según las últimas cifras correspondientes al tercer trimestre de este ejercicio.
Es más, en 13 de las 17 comunidades autónomas la diferencia es aún menor que ese 27% y en Castilla La Mancha hoy ya es más caro adquirir un piso protegido que uno libre, lo que, como es lógico, resta atractivo a la vivienda social. Solo en el País Vasco, Cantabria o Madrid, comprar una VPO puede resultar hasta un 53,7% más barato. Olangua cree que el alquiler y no la compra de VPO "es la única manera de acceder a una casa a precio razonable".
