El plan de reformas estructurales continúa y el Gobierno ya tiene prácticamente ultimados varios anteproyectos que ayer recibieron el espaldarazo definitivo en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que presidió la vicepresidente del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y que contó con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el de Economía.
Hacienda llevará, probablemente en el Consejo de Ministros de mañana, la reforma de la Administración local, que contempla medidas de carácter ejemplarizante -como impedir que un alcalde pueda ganar más que un ministro (68.981,88 euros al año)- y otras de mayor calado como la supresión de la mayoría de mancomunidades, cuyos servicios serán absorbidos por las diputaciones.
También desaparecerán entidades locales menores como pedanía o parroquias y el número de concejales se recortará. En un primer momento, el Gobierno planteó reducir en 20.240 el número de ediles, de tal forma que pasarán de 68.578 a 47.240. Sin embargo, es probable que finalmente se rebaje esa cifra tras la oposición interna de la oposición interna dentro del PP es probable que logre rebajar esa cifra. El objetivo inicial del Gobierno era que la reforma local se pactará con el PSOE, aunque todo indica que, finalmente se aprobará en el Congreso sin el apoyo del principal partido de la oposición.
Por otra parte, la nueva ley impedirá que dos Administraciones asuman una misma competencia. Actualmente, es habitual que un ayuntamiento ofrezca servicios en educación o sanidad, áreas que son exclusivas de las comunidades autónomas. Todas estas medidas, según el Gobierno, supondrán un ahorro de 3.500 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de los cambios que incorpore el anteproyecto frente al borrador inicial.
La reforma local se complementará con una nueva normativa para garantizar la unidad de mercados que, en último instancia, pretende homologar los trámites burocráticos que sufren las empresas que operan en diversas comunidades autónomas. Se trata de una vieja reclamación de la patronal, que alerta del coste que supone en tiempo y dinero la necesidad de pedir autorizaciones y asumir nuevas obligaciones cada vez que se una compañía trata de introducirse en una nueva comunidad.
Por otra parte, el Gobierno también ha encargado un estudio exhaustivo de los órganos colegiados de la administración del Estado, como comisiones y consejos consultivos existentes para eliminar aquellos que consideren innecesarios. De hecho, a día de hoy, se desconoce el número exacto de órganos colegiados que dependen de la Administración central.
