El Gobierno se abre a ablandar la reforma laboral en el Congreso

Los sindicatos trasladaron ayer su rechazo a la reforma a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero confían en que haya margen para reconducir algunos aspectos antes de convocar una huelga general. Dudan de que la comisión consultiva de convenios colectivos pueda emitir laudos de obligado cumplimiento, cuando en dicha comisión participa la administración. Aprecian también vulneración de la Constitución en que los trabajadores en empresas de 50 empleados puedan ser despedidos tras un año en prácticas sin indemnización, lo que supondría un agravio comparativo frente a los empleados de grandes empresas.

Báñez recibió al mismo tiempo que a Toxo y a Méndez a los presidente de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente, aunque los representantes de la patronal no hicieron comentarios. Sí se pronunció Confebask, para valorar la rápida y fácil adaptación que podrán tener las empresas a los cambios en la demanda y la oferta. Los líderes sindicales trasladaron a Báñez que el real decreto ley que entró en vigor el domingo abre un camino "erróneo, injusto y muy peligroso para superar la situación de crisis". No creen que vaya a crear empleo y aseguran que es una reforma laboral a la medida de los empresarios.

Rechazo sí, pero los sindicatos se guardan en la recámara la posibilidad de convocar una huelga general aunque liderarán movilizaciones este domingo en toda España bajo el lema Contra una reforma laboral injusta e inútil.

Oficialmente no hay negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales, pero el Ministerio de Empleo ha abierto reuniones "técnicas" para "aclarar" a empresarios y sindicatos los detalles del nuevo marco. Toxo y Méndez enfriaron ayer las expectativas sobre estos encuentros, aunque esperan obtener algún logro. Una de las prioridades para los sindicatos es que el trabajador despedido de forma improcedente sea quien decida, y no el empresario, entre cobrar la indemnización o ser readmitido. Esto ayudaría a equilibrar la relación de fuerzas en la empresa, que los sindicatos consideran que ha cambiado claramente a favor de los empresarios.

Báñez negó que la reforma sea inconstitucional y avanzó que está abierta la discusión técnica para devolver al trabajador despedido de forma improcedente la decisión de quedarse en la empresa o marcharse. Sobre la ultraactividad de los convenios, Báñez aseguró que el establecimiento de un periodo límite para alcanzar un acuerdo de renovación del convenio o, en caso contrario, la designación de un árbitro, es poner reglas claras, que dan seguridad jurídica y supone una solución respetuosa con los acuerdos de los agentes sociales. El Gobierno piensa que así se establece un canal para el diálogo durante dos años, al que sucedería un laudo como último recurso si hay desacuerdo.

Los sindicatos confían en que sea reconducida la reforma laboral en el trámite parlamentario. El texto está ya vigente pero el Gobierno quiere tramitarlo como proyecto de ley. Todo apunta que CiU apoyará el real decreto ley, ya que la coalición nacionalista considera que está "bien orientado" y que servirá para "aportar confianza de cara al exterior y a los emprendedores". No obstante, el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reconoce que no servirá para crear puestos de trabajo "mañana ni pasado mañana", por lo que en la tramitación parlamentaria de la normativa reclamará al Gobierno un "plan de choque contra el paro".

CiU aplaude medidas incluidas en el real decreto ley como convertir las ETT en agencias de colocación para "luchar contra el fraude en el paro", priorizar el convenio de empresa, permitir el descuelgue de los convenios colectivos a empresas en crisis, hacer "objetivas" las causas del despido procedente, afrontar el problema del absentismo, promover un nuevo contrato para pequeños emprendedores o eliminar la autorización para los ERE. No obstante, CiU pedirá en el Congreso que se mejore la protección social de los empleados a tiempo parcial y se desarrolle el modelo austriaco para la indemnización de despido.

Por su parte, el PSOE tratará "por todos los medios" evitar que la reforma laboral "vea la luz" porque entiende que supone "la agresión más importante a los trabajadores" de la democracia. El PSOE no aclara si recurrirá la norma, que estudia pormenorizadamente para decidir después su estrategia. Y sobre la posibilidad de que se convoque una huelga general, el PSOE deja la decisión a los sindicatos y no ha avanzado si la apoyaría.

La OCDE estima que la reforma "permitirá disminuir la dualidad del mercado laboral y promoverá el empleo". La Comisión Europea cree que algunos elementos "van en la buena dirección" para reducir la segmentación entre contratos temporales e indefinidos. Bruselas aplaude la reducción de los costes del despido o la mayor flexibilidad interna.