El gasto público en I+D genera más artículos científicos que patentes

En el acto de presentación, organizado por el Instituto de Estudios Económicos y Bancaja, Gámir afinó aún más su análisis "econométrico" del gasto público español en I+D: "Resulta muy intensivo en artículos científicos y muy poco en patentes".

España es el país con mayor ratio de gasto público en I+D en relación al PIB, por delante de EE UU o Noruega.

Esta inversión de partidas presupuestarias "servían políticamente para argumentar el incremento del dinero público destinado a investigación" declaró Gámir. Pero de acuerdo a su estudio, la productividad en patentes por euro utilizado en investigación equivale solo al 46% de la europea, y al 29% de la media Europea, estadounidense y japonesa. Sin embargo, la productividad del gasto español alcanzaría el 163% con respecto al índice europeo.

Mayor gasto privado

Una de las conclusiones del estudio es que la apuesta por una mayor inversión privada dedicada a la investigación revertiría esta situación. Para Gámir "nuestro sistema de gasto en I+D está claramente desproporcionado en el peso del sector público". Si se toma como referencia el gasto total en I+D en porcentaje del PIB, España pierde el liderato y cae hasta el puesto 26. Las empresas ejecutan en España un 55% de la inversión total en investigación. La media en la UE-15 es del 64%, en la OCDE del 69% y en EE UU del 71%.

En el apartado de la innovación, se afirma en el estudio que lo que realmente genera efectos sobre la productividad , la competitividad y el crecimiento potencial a largo plazo es la difusión o el uso de nuevas tecnologías. Y en el caso español, la capacidad innovadora sufre un importante retraso, "algo menor que en el caso del I+D, pero quizás, más preocupante", concluye.

El último capítulo relaciona la innovación y la crisis económica. Gádir definió el escenario como "una mix endiablada", conformada por el aumento del paro, los altos índices de déficit y la carencia de credibilidad del Gobierno. Sus propuestas: incentivar la exportación de productos y servicios de valor añadido, reducir las cuotas empresariales y, "si fuera necesario", elevar simultáneamente el IVA.