Un análisis elaborado por el Ministerio de Hacienda concluye que los presupuestos autonómicos para este año son compatibles con la exigencia de reducir el déficit al 0,7%. Sin embargo, cumplir el objetivo de estabilidad en un papel es tan fácil como difícil trasladar esos números a la realidad. Las comunidades llevan cuatro años sin acertar en sus previsiones de ingresos y gastos y, por lo tanto, incumpliendo también los sucesivos objetivos de déficit.
Para este año, el recorte presupuestario afecta prácticamente a todas las partidas, con la notable excepción del gasto para pagar los intereses de la deuda, importe que ascenderá a 8.000 millones de euros, según se desprende de los presupuestos autonómicos y de la evolución estimada en aquellas comunidades que no han aprobado sus cuentas para 2013 (Cataluña, País Vasco y Galicia por celebrar elecciones y Navarra por no lograr el apoyo parlamentario).
En la medida en que las comunidades gastan más que lo ingresado, deben acudir a los mercados de deuda para cubrir esa diferencia. O esperar la ayuda de la Administración central ante la evidencia de que la mayoría de autonomías tienen cerradas a cal y canto las puertas de la financiación. El pasivo de las comunidades ascendió en el tercer trimestre al 15,9% del PIB y parte de este dinero correspondía al Fondo para el pago a proveedores y el fondo de liquidez, un instrumento creado por el Estado para auxiliar a las comunidades. Todo ello explica el incremento exponencial del capítulo para pagar los intereses de la deuda, que contrasta con un fuerte recorte en el resto de partidas.
Por ejemplo, sin incluir Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, el gasto autonómico en sanidad sumará 36.769 millones, un 6,8% menos que lo presupuestado para 2012. Las partidas para educación caerán 8,6% hasta los 24.498 millones de euros y los servicios sociales perderán un 13,3% de recursos. En cualquier caso, sanidad, educación y servicios sociales suman más del 60% del gasto total.
Buena parte del recorte se debe a medidas adoptadas desde la Administración central. Por ejemplo, el copago farmacéutico, que elevó el porcentaje que asume el consumidor por los medicamentos dispensados por el sistema nacional de salud, beneficia las cuentas de las comunidades autónomas. Además, las autonomías son la Administración con un mayor número de empleados y los recortes y congelaciones salariales aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tienen su mayor efecto en las finanzas de las comunidades. El gasto de personal de las comunidades que aprobaron su presupuesto para este año asciende a 37.253 millones frente a los 39.449 millones del año anterior.
En total, el gasto no financiero -el que se tiene en cuenta a efectos de déficit público- se reducirá un 7,1%, destaca el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda. En caso de cumplirse, supondrá el recorte del gasto más drástico llevado a cabo por las comunidades. Aun así, todos los Ejecutivos autonómicos sostienen -algunos públicamente y otros en privado- que el objetivo de cerrar el año 2013 con un déficit del 0,7% resulta demasiado exigente y tiene pocas o nulas posibilidades de conseguirse.
Más ingresos por el impuesto sobre sucesiones
Las comunidades que han aprobado sus presupuestos, todas menos Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco, confían en incrementar sus ingresos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este tributo, que la mayoría de autonomías había prácticamente eliminado para las herencias o donaciones entre padres e hijos ha vuelto a ganar protagonismo con la crisis. Canarias, Castilla y León y Murcia han elevado un impuesto por el que las comunidades esperan recaudar casi 2.000 millones de euros, un 23,3% más que lo presupuestado el año anterior. Además, el Gobierno catalán de Artur Mas seguirá el mismo camino por la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
En cualquier caso, el tributo propio más importante para las comunidades es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que grava la compraventa de casas de segunda mano y trámites administrativos como la ampliación de capital de una empresa o la firma de un hipoteca. En este caso, las comunidades esperan una caída de la recaudación del 12,3% respecto a lo presupuestado el año anterior. Confían en ingresar 5.000 millones de euros, una cifra importante, pero muy alejada del rendimiento que ofrecía este tributo en los años del boom inmobiliario. Las comunidades llegaron a ingresar más de 16.000 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentado. Dicho de otra forma, la crisis inmobiliaria ha supuesto la pérdida de más de un punto de PIB en los ingresos derivados de esta figura tributaria. Y la realidad es que no existe ningún campo de actividad que permita recuperar la recaudación perdida.
