La polémica originada por los viajes del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha hecho reaccionar al Ejecutivo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado hoy ante el Consejo de Ministros una propuesta por la que la actividad internacional de este organismo quedará supeditada, por primera vez en su historia, al Ministerio de Asuntos Exteriores.
"El órgano de gobierno de los jueces mantendrá las competencias que la Constitución le tiene encomendadas, como son los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces", pero ha advertido que "se buscará que otras actividades del CGPJ, como la internacional, estén sometidas a otros criterios que tengan competencia".
No serán los únicos cambios. Gallardón quiere que el presidente del CGPJ sea el único que mantenga la dedicación exclusiva, mientras que los 20 vocales podrían compatibilizarla con otra actividad, algo que en su opinión "enriquecerá la calidad jurídica". También propone la figura, actualmente inexistente, del vicepresidente que no formará parte del Consejo pero que asumirá funciones como sustituto.
Para el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benitez, designado por el PSOE, esta decisión resulta "incompatible con la Constitución" y desde su punto de vista, originaría la desaparición de la institución como garante de la independencia judicial.
Donde no ha querido entrar el ministro, ni tampoco anunciar las conclusiones de la Comisión Institucional creada el pasado 2 de marzo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido en la fórmula para elegir a los 20 vocales. Actualmente, ocho son elegidos por el Congreso y el Senado, mientras que 12 se seleccionan por jueces y magistrados.
"Queremos una fórmula que ofrezca garantías de continuidad", expresó Ruiz-Gallardón. Para ello, comenzará la próxima semana una aproximación con los grupos políticos con el objetivo de alcanzar un consenso.
La decisión de reformar cuanto antes el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial responde a que en septiembre de 2013 vence el plazo para elegir un nuevo Consejo, que debe ir a las Cámaras con seis meses de antelación. Por lo tanto, antes del mes de marzo de 2013 era necesario que estuviera aprobada su nueva ley. En cualquier caso, Ruiz-Gallardón adelantó que en septiembre u octubre estará la reforma al completo.
