El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a las Administraciones y otros organismos que toman medidas organizativas de ahorro para combatir la crisis. En esta ocasión, su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha optado por un plan de conciliación de la vida familiar y laboral que mediante la racionalización de horarios permitirá el cierre temprano de oficinas, con el consiguiente ahorro energético y de costes salariales (se amortizarán más de 700 plazas vacantes).

Desde mañana, parte del personal funcionario y laboral municipal de la capital terminará su jornada a las 17 horas, sin obligación de interrumpir la jornada y con un horario de entrada flexible entre las 7.45 y las 10 horas, "dependiendo de la flexibilidad horaria y la productividad de cada trabajador". Y sus trabajadores no tendrán obligación de partir su jornada. Esta modificación horaria afectará también al personal del turno de tarde, que pasará a desarrollar sus funciones de 10 a 17 horas (de 14 a 17 horas en horario parcial).

No obstante, quedan fuera de esta medida las oficinas que prestan atención al público más allá de las cinco de la tarde, como centros culturales, asistenciales, bibliotecas o los servicios continuos como Bomberos, Policía Municipal o Samur. Por ello esta iniciativa horaria afectará sólo al 15% de los 28.000 empleados públicos del consistorio y organismos autónomos. En total, serán unos 4.200 empleados los que disfruten de este plan de ahorro organizativo.

A pesar de su limitado alcance en número de afectados, la medida implicará el cierre de muchas dependencias administrativas a las 17 horas, lo que supondrá una reducción del consumo de electricidad y calefacción que propiciará una reducción del consumo de alrededor del 20%. Esto repercutirá en una disminución de costes de 1,3 millones de euros anuales (u, 3,5% menos).

El alcalde de la capital, que presentó ayer este plan, resaltó en reiteradas ocasiones que las medidas horarias van mucho más allá del mero ahorro económico ya que pretende "liderar un cambio de cultura en lo que al uso del tiempo de trabajo se refiere". Así, se lamentó de que España "tenga una moneda y un mercado laboral europeos y no horarios de trabajo europeos".

Sin embargo, pese a restar importancia al ahorro monetario que reportará este plan, además del citado recorte de costes energéticos, las medidas de Madrid concilia, que es como se llama este proyecto, llevan aparejadas otro efecto que supone el verdadero ahorro económico de esta iniciativa.

Se trata de una amortización de 755 empleos vacantes procedentes de distintas unidades administrativas -con la excepción de los servicios sociales- que debido a a las modificaciones horarias y al cierre temprano de oficinas ya no serán cubiertas. Con ello, el ayuntamiento madrileño dejará de pagar unos 26 millones de euros de costes salariales, informa Europa Press. De ahí que este sea el principal ahorro del plan, pese a que los responsables de esta corporación local no reflejaron este ajuste en su nota de prensa, que sólo recoge el ajuste energético.

Invitación al sector privado

Dicho todo esto, Gallardón instó al sector privado a avanzar por el mismo camino. "Reformar la jornada laboral es también una herramienta contra la crisis; porque las empresas que han adaptado sus horarios producen más", explicó el primer edil madrileño, quien añadió: "aunque esto requiera un cambio de mentalidad, es un horizonte ineludible".

Según continuó el alcalde, se trata de una medida pionera, "valiente y de gran trascendencia" así como "clave para superar la baja competitividad". Y es que en su opinión, "la productividad está más ligada al grado de compromiso del trabajador que a la cantidad de horas que dedique a su organización".

Si bien el ayuntamiento de la capital no es el primero en acometer planes destacados de conciliación de la vida familiar y laboral. En España ya hay seis consistorios que cuentan con el certificado de empresa familiarmente responsable que otorga la Fundación Masfamilia y el Ministerio de Sanidad y Política social, a través de la auditoría externa de Aenor. Los ayuntamientos con dicho reconocimiento son: Calviá (Mallorca), Granada, Palencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Ribadeo (Lugo) y Salamanca.