Estos son algunos de los temas que, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, están en la agenda de la primera conferencia sectorial en la materia que se celebra tras la llegada del PP al Gobierno y los cambios anunciados por Alberto Ruiz-Gallardón en un contexto marcado por la crisis económica.
El encuentro, al que acudirán los consejeros de las doce comunidades con competencias en Justicia -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia y La Rioja-, tiene lugar después de la ronda de contactos que el ministro ya ha mantenido con la mayoría de los consejeros autonómicos.
La concentración de órganos judiciales es uno de los objetivos que Gallardón planteará a las comunidades, según confirmó a Efe el pasado día 18 la consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Leticia Díaz Rodríguez, tras reunirse con el ministro, con quien coincidió en la necesidad de caminar hacia la "centralización" de la Justicia.
Ese es uno de los puntos que analiza la comisión de expertos nombrada por Justicia para elaborar los textos de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta, que también estará muy presente durante la conferencia sectorial.
Tanto los consejeros como el ministro conocen ya la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha diseñado un mapa judicial en el que plantea que se reduzcan hasta 190 los 431 partidos judiciales actuales para mejorar la organización y la especialización de los tribunales.
Un plan que no ha sido muy bien recibido por los alcaldes de las localidades donde el CGPJ propone el cierre de las sedes judiciales, ni por los sindicatos del sector que consideran que la medida es un "nuevo recorte" que ataca el derecho a la tutela judicial efectiva.
No obstante, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, aseguraba la semana pasada que Ruiz-Gallardón le ha garantizado que la organización territorial de los juzgados "dependerá de las comunidades autónomas".
La subida de las tasas judiciales es otro asunto que se abordará en la reunión de mañana, en la que Gallardón explicará los objetivos del anteproyecto de ley que contempla un incremento generalizado de las mismas, de entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita.
Precisamente, la reforma de la justicia gratuita y el turno de oficio es otra de las reivindicaciones históricas de muchas de las CCAA, y así se lo planteó en febrero a Gallardón el consejero gallego Alfonso Rueda, que considera "inaplazable" y "urgente" esa modificación anunciada por el ministro para evitar el abuso y el fraude.
Unificar los sistemas de gestión informática y mejorar la "interoperabilidad" entre los órganos judiciales es otro objetivo que se ha marcado el ministro y que mañana explicará a las CCAA.
En este sentido, el pasado 21 de marzo, el vicepresidente primero de Navarra, Roberto Jiménez, ofreció a Gallardón de manera gratuita el sistema informático denominado Avantius utilizado en esta comunidad, que hace compatibles "prácticamente" todas las aplicaciones en el ámbito judicial.
Por último, el titular de Justicia explicará a los consejeros autonómicos la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está redactando otra comisión de expertos designada por el Ministerio.
