Los funcionarios de la UE realizan una huelga de tres horas para pedir un aumento salarial

El paro -apoyado por los funcionarios de la Comisión Europea y la Eurocámara-, que comenzó a las 9.00 hora local y finalizó a mediodía, ha ido acompañado de una manifestación en el patio de la sede del Consejo en Bruselas, el edificio Justus Lipsius, a la que han acudido unas 2.500 personas, según los organizadores.

"La huelga se hace en el Consejo y contra los Estados miembros, no contra la Comisión, que está de nuestra parte", indicó a Efe el secretario político de Unión Sindical (organización presente en todas las instituciones de la UE), Juan Pedro Pérez Escanilla, y funcionario del Ejecutivo comunitario.

En su opinión, esta polémica "no es una cuestión jurídica, sino política", ya que de no aprobar el Consejo -que representa a los estados- este aumento antes del próximo 31 de diciembre, los funcionarios podrán acudir al Tribunal de Justicia de la UE, donde "ganarán su caso".

"Algunos (países) prefieren que vayamos a juicio para poder pagarnos dentro de dos años", cuando se hayan superado los efectos negativos de la actual crisis económica internacional, dijo el responsable sindical.

Pérez afirmó que el próximo miércoles se celebrará una nueva asamblea general en la que se decidirá la celebración de otro paro parcial el viernes, mientras que los embajadores ante la UE de los países comunitarios volverán a incluir el asunto en una reunión prevista para hoy.

Otro funcionario de la Comisión y portavoz de la Federación de la Función Pública Europea (FFPE), Michel De Meerleer, señaló durante la manifestación que "cualquiera podría ir al Tribunal de Justicia de la UE y ganar. Ya ha pasado dos veces, en 1972 y 1999", recordó. "Estamos aquí para aplicar las normas y que éstas funcionen, y no podríamos imaginar que alguien se salte las normas", enfatizó.

Por otra parte, lamentó que los ciudadanos europeos se lleven una mala imagen de los funcionarios comunitarios por su movilización, cuando cree que la función pública de cada país hubiera hecho lo mismo si no hubiera recibido el año anterior el aumento previsto del 6%.

"Lo siento, pero tenemos un año de diferencia con los funcionarios nacionales", comentó en referencia al "desfase" del método, que tiene en cuenta el período interanual que concluye en el mes de julio precedente a la revisión, de forma que será el año que viene cuando los funcionarios comunitarios verán reflejado el impacto de la crisis en sus salarios.

El Ejecutivo comunitario realiza su propuesta usando como referencia las subidas salariales registradas el año anterior en la administración pública de ocho países -España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Italia y Holanda-, además del incremento del coste de la vida en la capital belga.

La subida de salario afecta a unas 50.000 personas: todo el personal de las instituciones -incluyendo a los "agentes temporales" que no tienen el rango de funcionarios-, pero no a los contratados locales en las delegaciones.

La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, insistió hoy en una rueda de prensa en que la Comisión espera que "se apliquen las normas".