Un joven brasileño vestido con un chándal y una camiseta del Real Madrid escribiendo constantemente en un ordenador, llamaba ayer la atención en una de las salas del Palacio de Congresos de Madrid donde se estaban celebrando las elecciones a decano y Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Al parecer, según las fuentes consultadas allí presentes, este joven en compañía de otro de la misma nacionalidad, estuvo recibiendo en distintos momentos de la jornada de ayer papeles en los que supuestamente figuraban nombres de abogados electores que no estaban acudiendo a votar y que les facilitaban los interventores de la candidatura de Sonia Gumpert -que podría haber arrasado en estos comicios- presentes en las ocho mesas electorales existentes.
Este tráfico de papeles llamó la atención desde un principio a muchos de los interventores del resto de las nueve candidaturas completas. Máxime cuando observaron que estos jóvenes introducían los datos facilitados por los interventores de Gumpert datos en un ordenador y llamaban por teléfono a personas que supuestamente enviaban taxis a recoger a electores para acercarles al Palacio de Congresos.
Siempre según fuentes presentes en el lugar, "en el propio vestíbulo del edificio había personas relacionadas con la candidatura denunciada que recogían a los abogados que llegaban en los taxis, les entregaban un sobre cerrado y les acompañaban a votar".
Ante todas estas maniobras, varios interventores inquirieron a los jóvenes brasileños que acreditaran su presencia en las dependencias donde se estaban produciendo las votaciones y que explicaran lo que estaban haciendo con ese ordenador. La negativa rotunda de los jóvenes llevó a los citados interventores de otras candidaturas a solicitar la presencia de la Comisión Electoral y del propio decano en funciones, Antonio Hernández-Gil.
Un ordenador en una bolsa de Carrefour
Los miembros de la Comisión Electoral se presentaron en el lugar y solicitaron a los jóvenes que se identificaran y explicaran qué hacían, a lo que uno de ellos "se negó a decir nada, cerró el ordenador y lo metió en una bolsa de Carrefour verde e intento salir del Palacio de Congresos". Ese fue el momento en el que varios interventores y miembros de otras candidaturas le intentaron retener físicamente, lo que levantó las suspicacias de los interventores de Gumpert que, con la propia candidata presenciándolo todo, "intentaron hacer un pasillo uniéndose entre ellos para facilitar la salida del joven con el ordenador", explican fuentes presenciales.
Se formó, por tanto, una auténtica melé entre los abogados de la candidatura de Gumpert, que protegían al joven, y los del resto de las candidaturas que intentaban retenerle. Todo ello entre gritos de denuncias mutuas y letrados de Gumpert que aseguraban ser los defensores del joven que portaba el ordenador con los datos de la discordia.
Todo ello provocó la presencia de la Policía Nacional que fue aportando efectivos hasta contabilizarse casi una veintena. La policía llevó a todas las partes implicadas -incluido el joven con el ordenador- a una sala donde estaba reunida la Comisión Electoral y donde minutos más tarde llegó también la policía judicial que al cabo de un tiempo salió llevándose, en una caja precintada, la bolsa de plástico donde estaba el ordenador y varias carpetas con documentación.
Todas estas pruebas terminaron en el juzgado de guardia número 15 de Madrid, donde se abrirá instrucción por el caso. De momento, la Comisión Electoral acordó ayer tras todos estos incidentes, calificados por alguno de los presentes como "auténticamente bochornosos", suspender la proclamación de resultados, que según fuentes consultadas, otorgarían una amplia victoria a Sonia Gumpert, la candidata acusada de supuesto fraude por sus colegas.
La Comisión Electoral decidió además mantener esta suspensión hasta el próximo día 21, fecha tope para presentar alegaciones por el caso. A partir de entonces, las tres personas que forman la Comisión Electoral decidirá si proclama los resultados o, como le han solicitado unánimemente las siete candidaturas afectadas, los anula y convoca unas nuevas elecciones.
Gumpert se defendió por la tarde y rechazó todas las acusaciones. "Mi equipo no ha comprado ni presionado ni inducido a ningún abogado al voto al margen de que alguien a título personal haya ofrecido su ayuda a la candidatura. Las irregularidades que me achacan atentan contra la inteligencia y la integridad de los abogados madrileños", resaltó en una rueda de prensa.
Un negocio de 80 millones al año entre cuotas, primas y subvenciones
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid gestiona cada año más de 80 millones de euros por las cuotas de afiliados, distintas subvenciones y primas del seguro médico de sus colegiados.
Solo esa cantidad es un importante imán para que no falten candidaturas a gestionar este colegio profesional. Si a esto se le añade el prestigio y poder dentro de la profesión que da el cargo de decano de los abogados de la capital la lucha entre estas candidaturas se ha llevado al extremo en esta ocasión.
Pero ¿se jugaban algo más los candidatos esta vez?. No faltan quien desde que la acusada de presunto fraude, Sonia Gumpert, se presentó como candidata le atribuyeron oscuros intereses económicos.
Según distintas fuentes, la candidatura de Gumpert estaba impulsada por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), una escuela de negocios especializada en impartir máster relacionados con la judicatura con amplia implantación en Cataluña pero menos presencia en Madrid.
Según distintas acusaciones -de las que la propia Gumpert ya se ha defendido durante su campaña electoral-, el interés de la candidata en convertirse en decana estarían relacionadas con la posibilidad de que ISDE se hiciera con buena parte del negocio privado de los máster que deberán estudiar los nuevos graduados para poder colegiarse y ejercer.
Polémica por la gestión de la mutua sanitaria y el turno de oficio
Otros dos asuntos que han generado polémica en las elecciones al Colegio de Abogados ha sido la externalización de la mutua sanitaria y la mejora en la gestión del turno de oficio. En el primer caso, el actual decano en funciones y candidato a la presidencia Antonio Hernández-Gil abogó por ese proceso de deslocalización para un sistema que generar un coste de 26 millones de euros al año. Por su parte, Gumpert critica con vehemencia el anuncio de esta operación, porque, a su juicio, supone trasladar parte del patrimonio del colegio a una compañía de seguros que no es de su titularidad. Hernández Gil responde que de no producirse esta regularización de la mutua, esta no podría seguir gestionándose exclusivamente desde dentro del colegio.
Un segundo elemento de discordia es la polémica gestión del turno de oficio, que mueve también decenas de millones al año. En la actualidad, la Comunidad de Madrid debe más de 35 millones a este colectivo de abogados que en un 70% son de penal y que no pueden rechazar esta actividad. Hernández Gil ha propuesto que la nueva Ley de Asistencia Gratuita contemple el pago de los honorarios del turno de oficio madrileño en un plazo máximo de 60 días, mientras que Gumpert compareció a la cita electoral coaligada con la Asociación de Letrados Por un Turno de Oficio Digno (Altodo).
