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Impuestos

Francia endurecerá la fiscalidad de quienes operan con paraísos fiscales

El Gobierno francés prepara un endurecimiento de la fiscalidad de las personas físicas o empresas que operan desde o con paraísos fiscales dentro de su estrategia contra estas jurisdicciones no cooperativas, y podría aceptar la propuesta de crear una policía fiscal.

Efe - París - 04/09/2009

Algunos de los detalles de esta ofensiva, que se formalizará en el proyecto de ley de presupuestos de 2009 que se presentará a mediados de octubre, fueron revelados hoy por "Le Monde" y "Les Echos", y van en la línea de los objetivos del G20 a dos semanas de una nueva cumbre en Estados Unidos.

Una de las principales pistas es incrementar la tasación de los ingresos "pasivos" (dividendos, intereses, cánones, etcétera) pagados en Francia por empresas a personas físicas y morales domiciliadas en paraísos fiscales.

Se trata de pasar de unos tipos de imposición que ahora están entre el 15 y el 35% hasta el 50%.

Otro punto consiste en anular cualquier deducción y régimen de favor cuando están implicados actores que operan en países o territorios no cooperativos.

También está previsto gravar con hasta el 50% la transferencia de fondos a entidades ubicadas en paraísos fiscales y establecer penalizaciones para las entidades bancarias implantadas en Francia que se nieguen a identificar los envíos de dinero de cantidades superiores a 10.000 euros.

El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el socialista Didier Migaud, va a relanzar el próximo jueves ante los diputados la idea de crear una policía fiscal bajo la autoridad de un juez.

El ministro del Presupuesto, Éric Woerth, ultima el paquete legislativo días después de haber creado sensación al anunciar que sus servicios disponen de una lista de 3.000 contribuyentes franceses con cuentas en bancos suizos en las que tienen 3.000 millones de euros y que aparecen como potenciales defraudadores.

En la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G20 en Londres a comienzos de abril ya se había acordado establecer gravámenes y negar cualquier deducción a los pagos efectuados "en beneficio de beneficiarios en una jurisdicción no cooperativa".



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