El Ejecutivo del PP pretende hacer borrón y cuenta nueva en lo que a la política pública de vivienda se refiere. Durante su comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, anunció que dada la actual coyuntura económica en general e inmobiliaria en particular no tiene ningún sentido ni mantener los incentivos a la compra (cuando persiste la sequía del crédito y las malas perspectivas económicas desaconsejan inversiones a largo plazo) ni edificar más VPO que no sean para arrendar (con el ingente stock que aún existe y demasiados millones de casas vacías).
El número dos de Fomento recordó por enésima vez que España se encuentra a la cola en cuanto a porcentaje de hogares que reside en régimen de arrendamiento, apenas un 17%, cuando en Europa el promedio supera el 33%; pero también desveló un dato muy novedoso. Catala explicó que España es también uno de los países donde incluso los hogares con menos renta tampoco se decantan por arrendar. "Solo un 25,6% de las personas con menos ingresos reside en España en alquiler, frente al 53% que sí lo hace en los países de nuestro entorno", aseguró.
Esto es así porque, en opinión del Ejecutivo, la masiva apuesta por incentivar la adquisición de vivienda, incluidas las VPO, ha propiciado un mercado tremendamente desequilibrado donde no existe oferta competitiva de pisos para arrendar "de tal manera que esa sea de verdad una opción de vida sin menoscabo de la propiedad".
Para apoyar esta tesis ofreció dos cifras: "de 2008 a 2011 el presupuesto público destinó 1.720 millones a incentivar la compra de vivienda y solo 337 millones a políticas de alquiler". ¿Cómo cambiar toda esa realidad? El Ejecutivo se ha propuesto hacerlo, aunque ayer reconoció que necesitará la colaboración de todas las administraciones públicas y, por supuesto, de las empresas privadas.
Para empezar, tal y como adelantó ayer CincoDías, anunció que rescatará el modelo de ayudas directas al inquilino que instauró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la renta básica de emancipación (RBE). Catalá desveló que aunque la filosofía de la RBE era correcta, la forma en la que se articuló produjo "tremendas desigualdades". "El 25% de los alquileres que recibieron la subvención de 210 euros al mes superaba los 630 euros de renta e incluso se subvencionó a contratos de 1.000 euros", aseguró.
En esta línea, también relató cómo hasta un 20% de las ayudas que se concedieron al amparo de aquel sistema fueron a parar a hogares cuyas rentas superaban los 22.000 euros anuales que establecía el Ejecutivo de entonces como límite para ser beneficiario de la subvención. "Conseguían burlar ese umbral poniendo el contrato de alquiler a nombre de jóvenes con empleos más precarios y de ese modo lograban la ayuda, ya que ésta se otorgaba al individuo, no tenía en cuenta los ingresos de la unidad familiar o de convivencia (pisos de estudiantes)", explicaron fuentes de Fomento.
El nuevo régimen de ayudas tratará de evitar todas estas irregularidades y aunque Catalá eludió ayer facilitar todas las cifras, el borrador al que ha tenido acceso CincoDías establece que las ayudas podrán llegar a ser de la mitad de la renta para unidades familiares con ingresos "en su conjunto" de hasta 3 veces el IPREM, lo que equivaldría a no más de 1.600 euros mensuales y hasta 22.365 euros anuales. Se estudiará caso por caso para evitar caer en situaciones injustas y "ayudar a quien de verdad más lo necesite", insistió Catalá.
Además, el Ejecutivo prevé movilizar todos los pisos que la banca no traspase a la Sareb o banco malo hacia un gran parque público de vivienda social en régimen de arrendamiento, que ya cuenta con unas 6.000 casas y cuyas rentas oscilarán entre los 150 y 400 euros al mes.
Con todo ello, más las modificaciones introducidas en los contratos, la agilización de los procesos por impagos y los cambios aplicables a las sociedades de inversión Socimi, se busca que arrendar sea una alternativa eficaz a comprar.
